El Tribunal de Trabajo del Primer Circuito del Poder Judicial declaró ilegal la huelga que los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han sostenido desde el 10 de setiembre pasado, lo que ha ocasionado afectación a miles de usuarios en la prestación de servicios.

Según reza el comunicado del Poder Judicial: Como es de su conocimiento el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, bajo causa seguida en sentencia de las nueve horas, treinta y seis minutos del 01 de octubre de dos mil dieciocho determinó la ilegalidad del movimiento de huelga de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social que ha afectado a la población asegurada durante 21 días.

Según la sentencia, "la CCSS está llamada a resguardar el interés colectivo depositado por el Estado en su mandato institucional, y en observancia a su obligación de velar por la sana administración de los fondos públicos que le son confiados para tales fines,  le solicito que -de conformidad con los artículos 379 del Código de Trabajo; 4 de la Ley General de la Administración Pública; 18 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; 3 y 45 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y 12 de la Ley de Control interno- se proceda a aplicar oportunamente las reducciones salariales, que en derecho correspondan, a los funcionarios de la CCSS que participaron del movimiento de huelga hasta el dictado de la sentencia sub examine”.

Sobre esta resolución del Juzgado de Trabajo, el doctor Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, hizo un llamado a los dirigentes sindicales para que se sienten  en la mesa de negociación e instó a los funcionario de la institución que se sumaron al movimiento para que regresen a sus puestos de trabajo.

El jerarca dijo que las citas y cirugías perdidas son dolor para los costarricenses y que la institución tiene que ser lo que los costarricenses esperan de ella.  "La CCSS es de los pacientes".

La jueza Susana Porras Cascante, en su sentencia, justificó la decisión porque en las huelgas en el sector salud son prohibidas y les llamó la atención a los dirigentes sindicales por esconderse para no ser notificados; se les condenó solidariamente a pagar la suma de ¢2 500 000.

De acuerdo con datos de la CCSS,  hasta hoy, 1 de octubre,  la CCSS había reportado 90 588 citas canceladas y cerca 2 999 cirugías que no se realizaron.