Con el respaldo de diputadas y diputados de varias Fracciones, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) somete a consideración de la Asamblea Legislativa, un proyecto de Ley que reformaría la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y la Ley Orgánica del Ambiente, a fin de que las municipalidades mejoren su capacidad en el manejo y tratamiento integral de los residuos.  

La iniciativa propone que el dinero que se recaude por concepto de multas por tirar basura en lugares indebidos, sea girado a la municipalidad del cantón donde se originó la infracción, para que de esta manera el municipio pueda utilizar los recursos e invertir en la calidad del servicio. 

Además, establece infracciones y sanciones a las personas, instituciones y comercios generadores de residuos ordinarios que no los separen, clasifiquen y entreguen a las  Municipalidad para su valorización o disposición final, en las condiciones en que determinen los reglamentos respectivos, así como por omitir cancelar oportunamente el pago de la tasa gestión integral de residuos.

“Actualmente las municipalidades invierten un porcentaje muy importante de su presupuesto en el servicio de recolección de residuos, aproximadamente un 50%, sin embargo muchas no tienen capacidad financiera para trascender. Al modificar la Ley se va a facilitar a los Gobiernos Locales las herramientas y mecanismos sanitarios que les permitan dar un servicio más integral, resguardar la salud pública de los habitantes de su cantón y tener un mayor control sobre los residuos" comentó Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL.

La Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana suscribe la propuesta, a través de las diputaciones de Paola Vega y Luis Ramón Carranza Cascante. 

"La gestión integral de residuos sólidos debe ser prioridad para Costa Rica, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que tiene entre sus principales objetivos ser un país carbono neutral para el 2021 " comentó la diputada del Partido Acción Ciudadana Paola Vega.  

“Las municipalidades tienen una responsabilidad importantísima en materia de residuos sólidos, sin las herramientas ni recursos necesarios para llevarla a cabo. Esta es una propuesta que viene del propio sector municipalista para subsanar esta situación” añadió el diputado Luis Ramón Carranza. 

Tarea apremiante

Aunque la Ley para la Gestión Integral de los Residuos  establece que las municipalidades son las responsables de la gestión integral de los residuos (GIRS) generados en su cantón, la ley no contempló mecanismos para que las municipalidades pudieran fiscalizar el cumplimiento de la GIRS, ni herramientas administrativas-financieras para sancionar directamente a la persona o empresa que incurra en faltas. Tampoco consideró incluir la obligación de los generadores de residuos de pagar por los servicios que brinda la municipalidad. Estas son las debilidades de la Ley que se pretenden subsanar.

En el 2014, el 25% de los residuos generados en el país se disponían de forma inadecuada en vertederos ilegales, lotes baldíos, cauces de ríos, derecho de vías, entre otros. En el 2017, el Ministerio de Salud afirmó que el porcentaje de residuos mal gestionados bajó a poco menos del 7%, sin embargo, esto corresponde a 270 toneladas diarias.

La Municipalidad de San José, por ejemplo, extrae de las alcantarillas entre 3000 y 4000 kilogramos diarios de residuos. Solo en el año 2015 recolectó aproximadamente 1100 toneladas de residuos sólidos del sistema pluvial, y la situación es similar en la mayoría de las ciudades del país. 

Los recursos que actualmente entran al Fondo GIRS son cada vez menores. Como referencia, para el 12 de enero de 2016, el monto disponible era de ¢1 065 000, mientras que para el 8 de abril de 2016 el monto era de ¢1 265 000. Para el mes de mayo, el fondo solo cuenta con ¢549 700 (Ministerio de Hacienda, 2016). Es decir, las municipalidades no pueden contar con ningún dinero que provenga de este fondo.