• Organización resalta beneficios del plan como apoyar a miles de pequeños y medianos negocios en todo el país

La Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT) y la Cámara de Turismo de Playa Sámara (CTPS) acordaron respaldar el proyecto de Ley 23 702 denominado de “Alivio de Costos para los Establecimientos Comerciales” que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.

Este plan permitirá la libre ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión en los establecimientos comerciales y actividades que utilicen estos elementos como ambientación del negocio y cuyo modelo de trabajo no se base en la generación de ganancias a partir de la utilización de obras musicales.

Para Hernán Imhoff, Presidente de la CCTT, una gran cantidad de establecimientos del sector turismo usan los fonogramas únicamente como un medio de ambientación; por eso, es imperativo que este proyecto de ley sea aprobado para acabar con el privilegio desmedido que ha beneficiado a un pequeño grupo a costa de la mayoría cobrando impuestos que representan una carga excesiva para miles de pequeños negocios en todo el país.

El plan impulsado por legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP) y del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) pretende que los comercios que empleen la música como recurso de fondo no tengan que pagar derechos de autor a la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM).

Según la iniciativa se pretende reformar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (6683) de 1982, para señalar que “es libre la ejecución de fonogramas (grabación oficial de una canción) y la recepción de transmisiones de radio o televisión en los establecimientos comerciales y actividades que utilicen estos elementos como ambientación del negocio y cuyo modelo de negocio no se base en la generación de ganancias a partir de la utilización de obras musicales”.

Los proponentes indican que los cobros actuales oscilan entre ¢35 000 y ¢300 000; además, el 95 por ciento de lo que recaudado se envía fuera del país. Las cifras oficiales de ACAM en el 2021 indican que durante ese año la organización recibió la suma de un poco más de ¢1 343 millones; pero de ese monto, los artistas nacionales apenas recibieron un 5,3 por ciento (¢ 72 millones), mientras que el resto se envió a los artistas fuera del país y para sufragar gastos operativos de la misma Asociación, entre otros rubros.

Cuestionan beneficios

El Presidente de la CCTT señaló que esa organización “conoce a muchos artistas nacionales que no reciben ni un céntimo de este dinero, ni mucho menos apoyo financiero, especialmente en tiempos de crisis”.

“Para nosotros es inaceptable que el esfuerzo de los costarricenses sirva para mantener la música de artistas extranjeros en lugar de promover y difundir la música de nuestro país, particularmente en el sector turístico. Este cobro, que consideramos arbitrario e injusto, no representa ningún beneficio tangible para la gran mayoría de los artistas nacionales”, señaló Imhoff.

El dirigente de la CCTT añadió que es inconcebible que, si una persona tiene una zapatería en la que utiliza Spotify para mejorar el ambiente, el municipio del cantón respectivo pueda indicar que sin el permiso de ACAM no renovará la patente.

“Nos parece que esta carga impositiva es injusta para los emprendedores, quienes ya enfrentan demasiados costos fijos fijas para que ahora tengan que lidiar con más imposiciones en lugar de ir quitando obstáculos”, añadió Imhoff.

Massimo Gambari, Presidente de la CTPS, destacó que más allá del sector turismo el proyecto de Ley beneficiará a miles de MiPymes como “ferreterías pequeñas, soditas, peluquerías, pulperías, barberías, cafeterías, restaurantes, plazas, consultorios médicos, tiendas de ropa y otros tipos de pequeños locales comerciales”.

“Esta iniciativa busca reducir los costosos requisitos de operación para los negocios comerciales en Costa Rica, específicamente aquellos costos que no son del giro ordinario para la generación del negocio en particular. Lo que cuestiona el proyecto de ley es el encarecimiento innecesario a los emprendimientos micro y pequeños que únicamente utilizan “música de fondo” o como elemento de ambientación, y no como parte de un modelo de negocio que lucra a partir de la utilización de obras musicales protegidas por los derechos de autor; consideramos oportuno reducir estos costos de operación para facilitar el emprendimiento, la reactivación económica y la generación de empleos”, señaló el Presidente de la CTPS.

De acuerdo con el dirigente de Playa Sámara es “es un abuso de poder que una entidad privada se arrogue el derecho de cerrar locales si no se paga una tarifa auto definida”.

“No es derecho de ningún acreedor de un negocio cerrar dicho establecimiento por deudas a un ente privado, a menos que se cuente con una orden por cobro judicial. Es inapropiado usar recursos municipales para cobrar presuntas deudas a una organización privada”, manifestó Gambari.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista y Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristina.