• Industria Alimentaria sufre este año importante caída en sus actividades superior a - 3%. Las exportaciones crecieron apenas un 5% pero dejan sensación de desaceleración.
  • Empresarios solicitan una política integral para la reactivación económica y una reforma estructural del Estado para evitar, a toda costa, un potencial default financiero en 2021.

Un año 2020 para olvidar y un 2021 para recuperar esperanza y credibilidad en la capacidad de los costarricenses por reconstruir la economía y recuperar los más de 500.000 puestos de empleo, destruidos a raíz de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno para reducir los riesgos asociados al COVID-19.  Así reflexionaron los empresarios de alimentos y bebidas este cierre y principio de año 2020-2021.

El peor año para los indicadores económicos internos

Para octubre de 2020, la Industria Alimentaria, - mayoritariamente ubicada en el régimen definitivo-, mostró una caída del -3.1% en comparación con el mismo mes de 2019, cuando mostró una tasa de crecimiento positiva. La industria alimentaria ubicada en regímenes especiales, también sufrió una caída del -2.6% con respecto al mes de octubre del año anterior. 

Para este mes de octubre, la industria alimentaria cumple 12 meses de reducción sostenida en la variación interanual del indicador mensual de actividad manufacturera, lo cual denota una situación compleja para este sector de la economía.

Sector externo crece poco

Para octubre de 2020, las exportaciones totales acumuladas durante los últimos 12 meses llegaron a $1.707 millones de dólares, mostrando un incremento del 5.3% con respecto a 2019. La industria alimentaria sigue en el tercer puesto como sector exportador de importancia en Costa Rica, cuyo mercado más relevante continúa siendo Centroamérica, donde envía el 47% de sus ventas al exterior.

  • Productos con reducciones importantes en sus exportaciones: Embutidos, chocolatería, cereales y snacks, purés de frutas, helados, bebidas y refrescos, bebidas alcohólicas, quesos y yogur, entre otros.
  • Productos con comportamiento positivo en sus exportaciones: concentrados para bebidas, jugos de frutas, aceite de palma, harinas de maíz, atún, pastas alimenticias, panificación y galletería, jaleas y mermeladas, salsas, carnes procesadas, conservas, entre otros.

Razones de la desaceleración del mercado interno

Para Maurizio Musmanni, Presidente de los empresarios de alimentos y bebidas, desde el año 2019 ya el país había entrado en un proceso importante de desaceleración.

“Durante el primer trimestre de 2020 tuvimos cierto positivismo pero llegó la pandemia y las medidas sanitarias, que pusieron la economía y el empleo en modo de emergencia”, indicó Musmanni.

Según los empresarios de alimentos, el año arrojó afectaciones de todo tipo. Todos los sectores fueron golpeados, pero los que sintieron con mayor fuerza el peso de la crisis se concentraron en la pequeña industria, particularmente los proveedores de canales como sodas, restaurantes, hoteles, cafeterías, actividades de entretenimiento, bares o servicios varios de alimentación.

“La restricción sanitaria y la consecuente pandemia de desempleo, obligó al consumidor a ser muy exigente con el cuido del presupuesto familiar. Factores como el teletrabajo, la concentración del consumo alimentario durante varios meses dentro del hogar, así como la permanencia de la familia en burbujas, también incidió en los hábitos de consumo, afectando negativamente a unos grupos de productos y positivamente a otros, particularmente los abarrotes alimentarios, necesarios para alimentación básica”, acotó Musmanni.

Agregó que fue un año en que el país ni las autoridades lograron impulsar políticas de reactivación económica para todos los sectores de la economía, pero lo que ha generado mayor incertidumbre y pésimas señales para la actividad económica, es la seria crisis fiscal, por lo que el país ha incrementado sensiblemente los riesgos de un default financiero.

Los industriales de alimentos solicitan al gobierno paquetes de política en dos direcciones: reactivación económica y reforma estructural del Estado, por lo que al cierre de este 2020, reafirman todas sus propuestas presentadas:

 

CONFIANZA, CERTIDUMBRE Y SEÑALES POSITIVAS PARA LA REACTIVACIÓN

REFORMA ESTRUCTURAL DEL ESTADO PARA ASEGURAR ESTABILIDAD DE LARGO PLAZO

 

Reducción de los costos relativos a seguridad social.  Debe aprobarse una ley para el pago de la seguridad social acorde al tiempo real laborado por la persona trabajadora.

 

 

Aprobar Ley de Empleo Público que busque: unificación salarial, eliminación de distorsiones como dedicación exclusiva, salario escolar, convenciones colectivas, ajustes automáticos, potestad de autodeterminación salarial de algunos funcionarios, antigüedad, etc.

 

Solo una señal clara y contundente para 2021 en materia de eliminación de trámites. Reforma al actual sistema de registros de productos de interés sanitario, para convertirlo en una sencilla notificación digital.  Modificar el modelo de control documental e inspección de mercado basado en riesgos sanitarios.

 

Reingeniería de instituciones y procesos administrativos: alquiler de edificios, servicios administrativos, auditorías, departamentos legales, juntas directivas, sistemas de compras, entre muchos otros, que duplican el gasto público en procesos, trámites, gestiones administrativas, materiales, equipos, edificios y entidades que no generan valor puesto que dejaron de tener sentido. Se requiere un proyecto de ley orientado a la reducción de todas esas ineficiencias, incluyendo la fusión de entidades y procesos administrativos.

 

Reducción de costos energéticos: Construcción, anuncio y puesta en ejercicio de manera inmediata de un comité público privado de expertos, que en un plazo menor a tres meses propongan una política integral de reforma al sector energético, que permita al país contar con una matriz energética eficiente, competitiva internacionalmente en materia de tarifas y coherente con las políticas de sostenibilidad del país.

 

 

Mecanismos de evaluación de desempeño y análisis financiero y de retorno social: aplicado principalmente a salarios, inversiones, y particularmente al sistema educativo, tal es el caso del FEES.

 

Tegua legislativa pro empresa privada y empleo: Lineamientos y acuerdos políticos, públicos y notorios, por parte de los Diputados y el Poder Ejecutivo, orientados a congelar el avance de proyectos de ley que contengan nuevos impuestos específicos, trámites, requisitos, restricciones al libre abastecimiento de materias primas y elementos que limiten la seguridad jurídica de los individuos y los contribuyentes.

 

 

Evaluación permanente de la eficacia del gasto en transferencias. Debe existir una relación lógica entre el alto gasto en educación y el estado de la educación y su rendimiento y debe estar vinculado a indicadores de retorno financiero y social.

 

Eliminación de la regulación de precios y altos aranceles en insumos industriales que afectan la comercialización y los costos de producción.

 

Reforma Estructural a Pensiones. Nadie debe recibir un monto que no sea equivalente a lo realmente cotizado en periodo laboral. Excepciones únicamente para casos de atención humanitaria. No deben existir pensiones cargadas al presupuesto nacional.

 

 

Declaratoria de emergencia política, de la aplicación de barreras no arancelarias para la exportación de productos lácteos y cárnicas a Panamá.

 

 

Racionalización del gasto en alquiler. Evaluar rentabilidad de un proyecto ciudad-estado que en un tiempo determinado elimine ese rubro.

 

Acciones, políticas claras y notorias para evitar la desarmonización de la normativa sobre etiquetado que regula la comercialización de productos en el ámbito centroamericano.

 

 

Venta de activos: FANAL, BICSA, BCR, INS, BNCR, ICE-KOLBY.

 

Combate a la evasión fiscal generada por las debilidades de los sistemas de administración en aduanas.

 

 

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