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La capacitación docente debe entenderse como un punto de partida y no como una solución en sí misma.

Imagen ilustrativa. Crédito: Pexels.com

El Decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA) expresó sus expectativas, preocupaciones y llamados estratégicos ante el inicio del curso lectivo 2026, en un contexto marcado por rezagos persistentes en los aprendizajes, debilidades en la infraestructura educativa, tensiones en la convivencia escolar, condiciones laborales deficientes del personal docente y afectaciones a la salud mental de las comunidades educativas.

El señalamiento se produce luego de que  Costa Rica cerrara el año 2025 con múltiples evidencias que confirman la existencia de problemas estructurales en el sistema educativo. De acuerdo con el análisis del Centro, estos desafíos inciden de forma directa en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y requieren decisiones de política pública con visión a largo plazo.

En este escenario, el decanato del Cide indicó que asume el inicio del curso lectivo 2026 desde una postura de esperanza crítica y compromiso ético. El nuevo año lectivo, indicaron las autoridades, debe constituirse en un punto de inflexión para avanzar en la transformación del sistema educativo, a partir de decisiones fundamentadas, coherentes y sostenidas.

Medidas recomendadas

Como un paso relevante, se destacó la implementación de dos semanas completas y obligatorias de capacitación para todo el personal educativo, del 9 al 20 de febrero, previo al ingreso del estudiantado a las aulas, el 23 de febrero. Para el decanato, esta decisión parte de un principio pedagógico central: la calidad educativa se vincula de forma directa con el fortalecimiento del perfil docente y con la existencia de condiciones institucionales para la actualización profesional.

El Centro de Investigación y Docencia en Educación recordó que esta medida contribuye a avanzar hacia la consolidación de la formación continua como una política pública estructural. En este punto, mencionaron que la Contraloría General de la República alertó sobre una situación preocupante: entre 2021 y 2023, una proporción significativa del personal docente reportó menos de 10 horas anuales de capacitación. Además, se evidenció una brecha entre zonas urbanas y rurales, con menor participación y menos horas de formación en centros educativos rurales, lo que limita las posibilidades de mejora pedagógica en territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Desde una perspectiva internacional, el decanato indicó que sistemas educativos de alto desempeño destinan entre un 5% y un 10% del tiempo laboral docente al desarrollo profesional continuo, lo que equivale a un mínimo de entre 40 y 80 horas anuales de formación estructurada. Esta práctica responde al reconocimiento de que el aprendizaje profesional permanente resulta indispensable para sostener la calidad educativa.

No obstante, las autoridades del CIDE insistieron en que la capacitación docente debe entenderse como un punto de partida y no como una solución en sí misma. Manifestaron preocupación sobre la forma en que este proceso se articula con una estrategia país clara para atender las carencias de aprendizaje que presenta una parte importante del estudiantado, en particular en matemáticas, lectura y escritura. Los datos nacionales e internacionales han mostrado rezagos significativos en estas competencias, con efectos en las trayectorias educativas y en las oportunidades futuras.

También expresaron estar a la expectativa ante la aplicación de los nuevos lineamientos sobre presentación personal en los centros educativos. Reconocieron el esfuerzo institucional por unificar criterios, pero advirtieron sobre la importancia de que estas disposiciones se traduzcan en prácticas que favorezcan la convivencia escolar y eviten enfoques sancionatorios o excluyentes, en un contexto marcado por el aumento de tensiones y problemáticas asociadas con la salud mental.

En relación con los anuncios sobre la restricción del uso de dispositivos electrónicos, particularmente los teléfonos celulares, el cuerpo colegiado del Cide determinó la necesidad de una discusión pedagógica profunda. Reconocieron la importancia de regular su uso, pero advirtieron sobre el riesgo de avanzar hacia prohibiciones generalizadas sin un análisis educativo que considere niveles, edades y contextos institucionales.

Finalmente, desde el decanato del centro se indicó que se observa con atención el cambio de autoridades en la Presidencia de la República y en el Ministerio de Educación Pública (MEP). Expresaron su expectativa de contar con liderazgos con conocimiento del sistema educativo y apertura al diálogo.

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