Paola Vega del PAC, José María Villalta del Frente Amplio junto a pescadores artesanales y el sector ambiental hacen un llamado para que la Asamblea Legislativa vote en contra del Proyecto de Ley Nº 21478, “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, un proyecto sin el sustento técnico necesario al que le fue aprobado la aplicación del procedimiento abreviado y que en cuestión de dos meses estaría siendo votado para su aprobación.

“Ante está situación la Fundación MarViva interpuso la semana anterior un recurso de amparo en contra del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), por medio del que se pretende que la Sala Constitucional ordene al INCOPESCA comunicar a todas las autoridades públicas a las que ha notificado los resultados del estudio, que dicha evaluación no es suficiente sustento técnico para respaldar la reinstauración de licencias para la pesca de camarón con redes de arrastre”comentó Katherine Arroyo, gerente de incidencia Política.

El INCOPESCA realizó dicho estudio con el fin de cumplir lo ordenado por la Sala Constitucional en las sentencias 2013-10540, 2018-07978 y 2018-14168, las cuales establecieron que en caso de que el legislador intentara restablecer las licencias para pesca de arrastre en el país, debería sustentarse en un estudio técnico-científico objetivo; que fuese realizado en coordinación con autoridades del MINAE, del sector académico y otras entidades relacionadas; y observando el principio del desarrollo sostenible democrático en sus alcances. En ese contexto, se estableció que el estudio debía basarse en datos concretos de nuestro país con respecto a factores ambientales (situación de biomasa, interacciones ecosistémicas, capacidad de regeneración, entre otros); sociales (poblaciones afectadas y beneficiadas por la pesca de arrastre, distribución real de beneficios, costo social y turístico, entre otros) y socioeconómicos (rentabilidad frente a alternativas como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local, valoración del costo/beneficio, entre otros).

“Es evidente que el estudio de Incopesca carece la seriedad y rigurosidad necesaria. Para esto es indispensable la inclusión de los criterios científicos de las universidades públicas tal como ordenó la Sala Constitucional”, señaló Paola Vega, diputada del PAC.

“Somos más de 14.000 las familias de pescadores artesanales que nos hemos visto afectados social, ambiental y económicamente por el daño que causan las redes de arrastre en el Pacífico costarricense, reactivar este tipo de pesca no es la solución, necesitamos alternativas productivas sostenibles que nos ayuden económicamente, tanto a nuestras familias como al desarrollo integral de nuestras comunidades”, enfatizó William Carrión, representante del Sindicato desector de pesca artesanal.

“La pesca de arrastre lo único que garantiza es el agotamiento de los recursos pesqueros y la destrucción del suelo marino, perjudicando a quienes se dedican a la pesca artesanal. Desde nuestra fracción seguiremos apoyando la defensa de los mares y la sostenibilidad de la actividad de pesca responsable."explicó, Jose María Villalta, diputado del Frente Amplio.