Uno de los actores protagónicos de la comunidad educativa son los docentes, pues constituyen el recurso más valioso para elevar la calidad de la educación en el país.

Sin embargo, cuando se refiere a su reclutamiento, selección, permanencia y evaluación, el país sigue anclado a políticas de enseñanzas rezagadas y propias de la segunda mitad del siglo XX, que impiden al Ministerio de Educación Pública (MEP) contratar a personal de alta calidad y desarrollar procesos evaluativos eficaces.

Según el estudio “Costa Rica: El estado de las políticas públicas docentes”, elaborado por el Estado de la Educación en el 2018 en alianza con Diálogo Interamericano y Unidos por la Educación (DIUE), existen además otros factores que influyen en el desarrollo de dichos procesos, como por ejemplo la implementación de mecanismos que mejoren la formación permanente y actualizada de los docentes.

En Costa Rica, este sistema enfrenta debilidades importantes para identificar a los docentes con la mejor formación, ya que además de ser una población relativamente joven (el 40% de educadores tiene entre 25 y 34 años de edad), presentan una baja calidad de en su formación inicial. “Solamente 31 de los 275 programas universitarios en educación (11%) están acreditados por el Sistema Nacional de Educación Superior (sobre todo de universidades públicas); del resto se desconoce su calidad”, cita textual del estudio.

Pese al reconocimiento de las debilidades en dicha formación inicial, no se han producido cambios en los mecanismos de contratación y sigue sin aplicarse pruebas de habilidades durante la selección para determinar la idoneidad del docente, lo que repercute negativamente sobre el desempeño de los aprendizajes de los estudiantes y sus futuras oportunidades.

Aunada a esta situación, aspectos relevantes como la vocación de la persona educadora, sus habilidades sociales, conocimiento y prácticas en el aula no se toman en cuenta al seleccionarla.

El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), hace énfasis en la propuesta de “Educar para una nueva ciudadanía”, la cual pretende lograr un cambio en las nuevas generaciones sin dejar de lado la preparación académica, pues según argumenta la institución, los temas de ambiente, valores y respeto no se toman con la importancia que se debería dentro de las aulas, por continuar con las lecciones magistrales que limitan inculcar valores y explotar las habilidades blandas y capacidades especiales de los docentes.

Existen docentes preparados, pero, ¿no para zonas vulnerables y fuera de la GAM?

El esquema educativo del país, no cuenta con un sistema de contratación atractivo para que los profesionales accedan a la firma de contratos para trabajar en zonas o colegios poco atractivos para los educadores y por un tiempo ilimitado.

Según el estudio, existe una mayor probabilidad de aceptación de un contrato con el MEP, cuando el nombramiento es cerca de su lugar de origen o bien es en un colegio ubicado en un distrito cabecera de cantón, o en una ciudad con más de 50.000 habitantes.

Aspectos como el nivel de pobreza en un lugar determinado y el bajo desempeño de los estudiantes (más reprobaciones), tienen un efecto negativo en la probabilidad de aceptación de un contrato por parte de un docente. Por cada 1% de aumento en la pobreza, la probabilidad de aceptación de contratos se reduce en 0,13%; quienes aceptan las condiciones en su mayoría lo hacen de forma temporal, esperando una nueva oportunidad y más cerca de su hogar.

Según el Estado de la Educación, implementando un nuevo esquema de incentivos especialmente monetarios, la aceptación para trasladarse a zonas vulnerables o fuera de la GAM mejoraría hasta en un 40%. Sin embargo, en el actual contexto de restricción fiscal y planificación educativa, una estrategia basada en ofrecer este tipo de bonificación es poco viable.