Las formas de contratación docente vigentes en el país desde hace más de 30 años, tienen efectos importantes en la distribución del profesorado en los colegios del país, lo que afecta el derecho a una educación de calidad de los jóvenes de los centros educativos en zonas vulnerables.

Este hallazgo se desprende de estudios realizados en el marco del Séptimo Informe Estado de la Educación (2019), por la investigadora Valeria Lentini, con apoyo del Programa Estado de la Nación, el Colegio de Profesores y Licenciados (Colypro), Unimer, la Universidad de Costa Rica, y la Universidad de Zaragoza.

El primer estudio analizó los contratos aceptados y desestimados por profesores de secundaria interinos y entrantes en 2018, a quienes el MEP ofrecía 20 lecciones o más. Cada año, los docentes nombrados desestiman contratos que inicialmente estaban dispuestos a aceptar. Los profesores tienen derecho a desestimar estos nombramientos y regresar a su puesto anterior aunque haya comenzado el ciclo lectivo, y se hayan realizado los trámites administrativos de la contratación. Cuando esto sucede, el MEP debe incurrir en nuevos trámites y reiniciar la búsqueda de un candidato para el puesto que ha quedado vacante. Lo que genera que el colegio y sus estudiantes permanezcan sin docente.

Esta investigación se realizó utilizando una base de datos con información sobre los contratos, que incluyó variables con características de los docentes, del colegio y del distrito para ver el efecto que estas tenían sobre la probabilidad de aceptar o desestimar los puestos. Los resultados arrojaron que las condiciones que favorecen la aceptación del contrato por parte del docente son las siguientes: que sea nombrado en su provincia de nacimiento, que la asignatura sea básica, que los colegios sean grandes y que puedan tener numerosas lecciones. Por el contrario, la desestimación es más probable cuando la categoría profesional del docente aumenta, el colegio muestra una alta proporción de estudiantes reprobados, y si el distrito es pobre.

La identificación del vínculo entre pobreza y rechazo de los puestos tiene implicaciones con respecto a la distribución de los docentes. Esto es importante porque el profesorado cumple un papel fundamental para reducir las diferencias de resultados entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. La variabilidad en el atractivo de los centros educativos para los docentes genera que aquellos colegios  en desventaja, por localizase en distritos más pobres, se segreguen geográficamente y perpetúen su situación.

Este es un tema que el MEP y el Servicio Civil deben revisar debido a que los esfuerzos de política para reducir la pobreza requieren de acciones para llevar docentes motivados a trabajar en dichos colegios En el país los distritos alejados de la región central concentran la población en mayor condición de pobreza, los hogares de bajo clima educativo, los estudiantes con resultados educativos débiles (deserción y reprobación de bachillerato) así como una alta proporción de docentes interinos. Actualmente el MEP ofrece incentivos para atraer y retener docentes en colegios localizados en distritos de bajo desarrollo social. Estos incentivos se pagan como un porcentaje (máximo 20%) sobre el salario base. Sin embargo, los resultados de la investigación evidenciaron que estos no tienen efecto sobre la aceptación y desestimación de contratos.

Los hallazgos de un segundo estudio sugieren que el Ministerio de Educación Pública debe revisar no solo las políticas y mecanismos de contratación docente, sino también los incentivos. Esta investigación se llevó a  cabo con el objetivo de analizar alternativas de incentivos monetarios y no monetarios que pudieran motivar a los profesores de la región central, que concentra a los profesores con mayores cualificaciones y experiencia,  a movilizarse hacia zonas vulnerables de la periferia durante 2 a 5 años.

Para ello, este estudio diseñó un experimento de elección discreta con 12 escenarios de 2 contratos cada uno,  en el que se evaluaron 6 incentivos posibles. La información se recolectó mediante una encuesta cara a cara con 400 docentes de materias básicas de la región central en una muestra de 52 colegios seleccionada aleatoriamente. Los incentivos más atractivos fueron los bonos de 30% o 40% adicional al salario base, la puntuación adicional para categoría docente, y la vivienda prestada. Otros dos con efectos menores y que a la vez generaban repercusiones directas en el trabajo con los estudiantes fueron: la presencia de pares del mismo programa con acompañamiento pedagógico, y la asignación de recursos tecnológicos y materiales adicionales en los colegios.

El hallazgo más relevante de esta segunda investigación fue que en la simulación de posibles paquetes de incentivos, la combinación de aquellos no monetarios con algunos monetarios menos onerosos motivaba a proporciones equivalentes de docentes a desplazarse, en comparación a los incentivos monetarios más altos. Variar las condiciones de un distrito con alta incidencia de pobreza es poco factible en el corto plazo. Por lo tanto, las nuevas alternativas de incentivos son una manera de hacer más deseables los puestos para los docentes. El mecanismo de asignación actual está lejos de ser el óptimo desde el punto de vista de la equidad educativa, ya que los resultados no ofrecen información para optar por alternativas que permitan corregir desbalances geográficos y evitar que los costos se trasladen a los estudiantes.