Por Vivienne Solís Riera

Asociada y miembro del Consejo de Administración de CoopeSoliDar R. L.

En la actualidad en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentra presentado el Proyecto (expediente N. 20 750) titulado “Ley General para la Sostenibilidad del Sector de Pesca Artesanal de Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria, la Erradicación de la Pobreza y la Gobernanza Compartida”, que tiene, como una de las metas principales, dignificar el trabajo de este sector que, según datos oficiales, representa a unos 15 mil hombres y mujeres en los dos mares del país.

De acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO siglas en inglés), aproximadamente el 50% de las capturas mundiales de pescado provienen de la pesca de pequeña escala.

La importancia de este sector es una realidad que no escapa a Costa Rica porque estudios demográficos indican que el 60% de la población de las zonas costeras se beneficia directamente de los recursos marino-costeros; además, la mayor parte de ese grupo lo constituyen pescadores artesanales.

El impacto positivo de esta actividad laboral trasciende lo económico para convertirse en un aporte que mejora de las condiciones de vida, permite una mayor seguridad alimentaria y forma parte consustancial de la identidad cultural de cientos de comunidades.

La presentación de este Proyecto de Ley en la corriente legislativa es un paso fundamental en el largo camino para que los costarricenses ligados a este sector empiecen a ser reconocidos como sujetos activos de pleno derecho en la cadena productiva.

Estos beneficios fueron resaltados hace pocas semanas durante el II Congreso Nacional de Pescadores (as) Artesanales y Molusqueras (os) de Pequeña Escala (http://coopesolidar.org/ii-congreso-de-nacional-de-pescadores-as-artesanales-molusqueros-as-de-pequena-escala-2021/) que se llevó a cabo en el cantón de Garabito (Puntarenas, Costa Rica) con la asistencia de unos 60 delegados de organizaciones de México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y; por supuesto, Costa Rica.

Beneficios tangibles

La eventual aprobación de este Proyecto tendría un impacto sumamente positivo para la actividad pesquera de pequeña escala. Por ejemplo, con el apoyo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) se promoverá la creación de Áreas Marinas y Continentales de Pesca Responsable (AMCPR) priorizando aquellas zonas propuestas por grupos debidamente organizados.

El desarrollo de esas Áreas será financiado con el 40% de los recursos financieros provenientes del remanente anual del INCOPESCA. Esos recursos financieros serán utilizados para financiar el desarrollo de proyectos que presenten las organizaciones pesqueras que funcionan dentro de las AMCPR y; además, deberán estar orientados a mejorar la sostenibilidad ambiental de las pesquerías de pequeña escala y consecuentemente las condiciones socioeconómicas de los pescadores y sus familias.

Además, la Caja Costarricense de Seguro Social deberá establecer categorías de seguro social diferenciadas para incluir a los agentes de la pesca artesanal de pequeña escala otorgándoles un trato preferencial en relación con los costos. La Caja extenderá este seguro a la pareja de su beneficiario, con independencia de si quien labora como pescador artesanal es un hombre o una mujer.

Los señores Diputados y el país están ante una oportunidad histórica para empezar a reconocer el aporte de los pescadores artesanales al crecimiento de las zonas costeras costarricense, pero, sobre todo, un paso sin parangón para saldar una deuda con este sector, en especial de cara al 2022 que ha sido declarado Año Internacional de la Pesca Artesanal de Pequeña Escala.


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