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  • Medidas son salidas fáciles para deudores, sin embargo, advierte que se dispondría de forma indebida los ahorros del público.
  • OCF apela a la sensatez de formuladores de leyes en el país, para no dejarse seducir por ideas que afectarán a los ahorrantes.

No se puede perder de vista que las entidades financieras prestan la plata que los ahorrantes le llevan, en la forma de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o depósitos a plazo. De esta manera, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), externa su preocupación ante el surgimiento de eventuales propuestas que intenten forzar prórrogas, ampliaciones de plazos o la suspensión de pagos de las obligaciones crediticias por parte de los deudores.

El principal argumento de su oposición radica en que el dinero que prestan las entidades financieras, proviene principalmente de la plata de los ahorrantes. Esa es la naturaleza de los intermediarios financieros, manejar los fondos que las personas reciben por salarios, por ejemplo, para pagar sus diversos gastos.

“La OCF ve con angustia la problemática que atraviesan personas, familias y empresas que no pueden atender sus obligaciones, porque han visto disminuidos sus ingresos; pero no es menos preocupante que seamos permisivos con la autorización de prórrogas o ampliaciones de plazos, ya que se estaría disponiendo en buena medida del ahorro de pequeños y medianos ahorrantes, quienes esperan que sus recursos sean administrados con criterios técnicos, nunca políticos”, advirtió Danilo Montero, director general de la OCF.

Aunque ya de por sí, el solo hecho de sugerir una moratoria general es poco conveniente, esto podría provocar también otras repercusiones, entre ellas, generar un posible desincentivo en la práctica del ahorro.

Los resultados de la reciente encuesta de endeudamiento en los hogares costarricenses que elaboró la OCF, señaló que, apenas cinco de cada diez personas tuvieron un plan de ahorro en los últimos cinco años, por lo que más bien urge crear las condiciones que estimulen esta sana práctica. Iniciativas que pretendan obligar la suspensión de pagos, aunque solo sea temporal, pueden fácilmente dar al traste con este buen hábito, pues los consumidores podrían optar por dejarse el efectivo, pensando que el proyecto les puede generar un riesgo de recuperación o atraso en el uso de sus ahorros.

Lo anterior, para la OCF podría conllevar a un serio retroceso en la bancarización de la población.

“Entendemos que las entidades financieras han estado ofreciendo diversas opciones para readecuar los créditos de las personas, o prórrogas, según sea cada caso, con criterios estrictamente técnicos. No hay duda de que la pandemia ha generado efectos tremendos sobre las finanzas de muchas personas que han perdido el empleo y tienen deudas. Pero solucionarlo poniendo en riesgo los fondos de los ahorrantes no es un remedio, y la pretendida solución puede resultar mucho más grave”, expresó Montero.

La OCF apela a la sensatez de los formuladores de política pública y leyes en Costa Rica, para no dejarse seducir por ideas que podrían afectar notablemente la confianza de la gran masa de ahorrantes del país.


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