Un peligroso intento por tapar el sol con un dedo
● Cada kWh que generamos con el sol, es un kWh menos que se tiene que generar con búnker.
De poco vale tener políticas visionarias y estrategias-país de vanguardia si a la vez no se brindan las condiciones necesarias y prácticas para llevarlas a efecto.
Esto es justamente lo que está sucediendo desde que, a inicios de octubre, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) definiera los parámetros de las nuevas tarifas que los generadores de energías limpias y renovables (personas y empresas dueñas de paneles solares), debemos pagar por la interconexión a la red eléctrica, así como el precio de los excedentes que se inyectan a la red.
ARESEP ha elegido una metodología de cobro fallida e incluso derogada en el 2018 en su país de origen (España) y ha provocado que, de la noche a la mañana, las facturas hayan subido en más de un 400% su costo ordinario.
Esto ha caído como un balde de agua helada sobre las espaldas de organizaciones y empresas que creímos (y seguimos creyendo) que el país está ante una gran oportunidad de independizarse de toda forma de generación energética basada en los hidrocarburos que son los principales causantes de la crisis climática.
La medida ha elevado así los costos de la autogeneración eléctrica a niveles que sobrepasan la capacidad de pago de cientos de los llamados abonados que en realidad somos productores de energía limpia, comprometidos con la sostenibilidad, la independencia energética y el bienestar del país.
Cuando en enero de 2022 entró en vigencia en Costa Rica la ley 10 086, para la Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables, se aplaudió este logro como un mensaje claro y fuerte del deseo del país por crear las condiciones necesarias para seguir evolucionando en el camino de las energías renovables.
Este paso vino a promover los esfuerzos de empresas y 2 organizaciones de cara a consolidar nuestra matriz energética limpia e independiente de combustibles fósiles.
El nuevo canon de interconexión a la red, que se ha llamado en otros casos ¨el impuesto al sol¨, hace que la mayoría de las grandes compañías distribuidoras estén recibiendo a costo cero la energía que generamos, lo que crea un entorno injusto y económicamente inviable para quienes decidimos invertir en las tecnologías de producción de energía solar sostenible para autoconsumo y generación eléctrica.
No se trata de un asunto meramente ambiental o ideológico: bajo este nuevo contexto, los generadores-distribuidores pisamos un terreno financiero inestable ya que muchos hemos solicitado créditos con bancos para pagar la inversión de paneles solares y sistemas fotovoltaicos.
Bajo los recientes cambios, algunas personas y organizaciones podríamos caer en impago de la inversión y quedar manchados en el sistema bancario nacional. Tampoco es rentable para los bancos tener que recoger paneles y quedarse con ellos por un cambio inesperado en el contexto tarifario.
Ante estas circunstancias, el grupo de personas y organizaciones generadorasdistribuidoras hemos solicitado a las autoridades competentes, sea Asamblea Legislativa, Presidencia y MINAE, ARESEP o empresas distribuidoras de energía, en una reunión efectuada el pasado 18 diciembre, en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), lo siguiente:
1.Suspender la aplicación de esa metodología de interconexión por un periodo de seis meses, o hasta que las empresas distribuidoras y sus sistemas estén preparadas para implementarla adecuadamente.
2. Consensuar una tarifa justa (de mínimos y no máximos) para la compra de excedentes (los kilowatts producidos con energía solar que se aportan para uso de los demás abonados), que considere también los ahorros que tendrá el país por la compra de menos búnker y la reducción en las pérdidas de transmisión que ofrecen los sistemas fotovoltaicos, al generar excedentes que se usan a muy corta distancia.
3. Garantizar la seguridad jurídica para las inversiones que fueron realizadas en un marco metodológico anterior (de neteo simple). Debemos encontrar una solución consensuada que tome en cuenta las inversiones hechas por todos los usuarios, así como las ventajas de contar con una red descentralizada de proveedores de energía en periodos específicos de estrés 3 hídrico, que es cuando empresas como el ICE se ven en la necesidad de gastar millones de dólares en plantas térmicas y búnker, para abastecer de energía sucia a la población.
Estamos convencidos de que esta medida significará facturas eléctricas más bajas para toda la población (con o sin paneles solares), más resiliencia frente a la sequía que reduce la producción hidroeléctrica, menos apagones, menos facturas por compra de búnker, menos emisiones contaminantes, y generación más limpia para el país, el planeta y las futuras generaciones. (https://www.larepublica.net/noticia/a-partir-de-enero-pagara-hasta-un-17mas-en-su-recibo-de-luz,).
Lo cierto es que, a lo largo de casi dos décadas, Costa Rica, ha venido creando marcos de política pública que han llevado al país a mantenerse en una posición de liderazgo mundial por su matriz energética limpia.
El Plan Nacional de Descarbonización del 2019 es un ejemplo de ese compromiso de convertirnos en una economía moderna, verde y libre de emisiones al 2050.
Este no es el problema de un sector, es un tema país, y, tal como lo dijo el Reporte del Estado de La Nación del 2023, refleja que Costa Rica ha apagado las luces largas y ha perdido la visión del largo plazo.
Sería muy lamentable castigar las posiciones e inversiones visionarias y beneficiosas, dañar el progreso en energías limpias que hemos venido alcanzando a lo largo de años y crear un contexto restrictivo para el aprovechamiento de un recurso inagotable.
Por eso, debemos plantarnos firmes ante la mala idea de tapar el sol con el dedo de la tecnocracia ciega y sorda frente a los albores de modelos energéticos que son más equitativos, solidarios y sustentables.
