Se suspende por 36 meses los desalojos de personas, demolición de obras, actividades comerciales y proyectos existentes en la zona marítimo terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado. Esto luego de que Carlos Alvarado, Presidente de la República, firmó la ley 9577.

Esta disposición excluye a aquellas acciones de desalojo ordenadas mediante resolución judicial o administrativa por amenaza ambiental.

Familias costarricenses han construido sus hogares y desarrollado actividades productivas como la pesca artesanal, ganadería, el turismo y la agricultura en áreas que forman parte de la zona marítimo terrestre, de la zona fronteriza y del patrimonio natural del Estado.

No obstante, la ocupación se ha dado, en muchos casos, sin contar con una concesión del Estado lo cual ha generado que diversas instancias estatales se hayan visto obligadas a promover procesos de desalojo con consecuenciales de carácter social.

Por ello, ante la necesidad ciudadana, el Gobierno firmó la iniciativa legislativa que establece la moratoria de 36 meses en dichos desalojos, convirtiéndola así en ley de la República.

Desde el Ejecutivo se espera que este plazo brinde el espacio necesario para que la Asamblea Legislativa debata, analice y promulgue legislación que permita un adecuado ordenamiento territorial y resolver estas situaciones.