• A pesar de los esfuerzos y apoyo existe un apagón educativo por el que se tendrá que trabajar más de lo esperado.

Silleny Sanabria Soto

Periodista Periódico Mensaje

El agravamiento de la crisis fiscal y el bajo crecimiento económico que el país ha experimentado durante la última década ha reducido poco a poco la capacidad del Estado para sostener y aumentar la inversión en educación.

La falta de mejoras y estrategias claves para una adecuada administración de los recursos como lo ha sido hasta el momento, podrían afectar de forma severa las oportunidades educativas de los estudiantes del país en el futuro, pues existe el riesgo de que, a través de las políticas de contención del gasto, los incentivos para estudiar (becas, comedores escolares, transporte) sean recortados, por ser gastos discrecionales, como ya ocurrió en el pasado.

Según el Octavo Informe del Estado de la Educación, en el período 2018-2020, se puso fin a la fase expansiva que mostró la inversión pública real desde inicios de siglo, destacando que para el 2020, el monto invertido en educación tuvo una caída de un 8% con respecto al año anterior; esta caída de la inversión es preocupante porque ocurre en un contexto en el cual aumentó la población en condición de vulnerabilidad.

¿Cómo ha afectado esta situación?

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), las personas estudiantes en pobreza extrema se incrementaron de 186.000 en 2019 a 297.000 en 2020, es decir, del 59%, agudizando la demanda insatisfecha por programas de apoyo económico para estudio.

Ejemplo de ello son los recursos asignados a los programas para la población en condición de pobreza, entre los que destacan Avancemos, Crecemos y Fonabe, los cuales actualmente son cada vez más insuficientes.

Según el informe entre el 2019 y el 2020, pese a un incremento del 3% en las becas otorgadas, la cobertura efectiva en estudiantes en pobreza extrema, que ya era baja (menor al 50%), disminuyó en todos los niveles educativos.

Según el Octavo Informe del Estado de la Educación, esta situación es preocupante pues en el contexto de la pandemia, se evidenció la importancia que tienen los programas de equidad y de apoyo a más de 430.000 personas estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema a través de los comedores escolares, por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Aunado a esto, la entrega de los paquetes de alimentos permitió, integrar esfuerzos y mantener el vínculo de las juntas de educación y administrativas, con los directores, docentes, supervisiones y direcciones regionales, y contribuyó a mantener a las personas estudiantes formalmente en el sistema.

Existe un apagón educativo más allá de la pobreza

Según el informe, este sistema educativo actual está operando a ciegas, sin datos sobre lo que aprenden los estudiantes, sobre sus principales deficiencias y sobre el perfil real de los aprobados en cada uno de los niveles educativos.

Muchos son los aspectos que evidencian un cambio claro y no tan positivo en la calidad de aprendizaje brindada a los estudiantes durante este periodo de pandemia y crisis fiscal.

Por ejemplo, la ausencia de evaluaciones nacionales, la implementación de la educación remota, el lanzamiento de la estrategia Aprendo en casa del MEP y el consecuente uso de las Guías de trabajo autónomo (GTA) provocaron cambios en las formas de evaluación educativa.

Por otra parte, el Consejo Superior de Educación (CSE) eliminó la aplicación de las pruebas nacionales FARO y pruebas de certificación de dominio lingüístico a la población estudiantil del grupo uno y se postergó la aplicación para el año 2021 a la población estudiantil del grupo dos. Sin embargo, el nuevo aumento de casos positivos de covid-19 en 2021 y la suspensión del curso lectivo decretada en mayo de 2021 obligó a suspender las aplicaciones programadas de FARO para el grupo uno y mantener las aplicaciones programadas para el segundo semestre del grupo dos.

Ello implica que los datos sobre estas pruebas estarán disponibles hasta el 2022 y que, desde la eliminación de las pruebas de bachillerato en 2018 y hasta contar con los primeros resultados de FARO, el país contabilizará tres años sin datos agregados en pruebas estandarizadas.

¿Entonces cuál es el reto?

“El gran desafío es diseñar mecanismos para compensar la falta de información disponibles mediante seguimientos más personalizados por parte de los docentes y planes de recuperación estudiantil que permitan nivelar los aprendizajes. Este reto no es de fácil aplicación en los escenarios actuales de educación asincrónica, con un elevado porcentaje de la población sin las condiciones para conectarse a clases y lograr interacciones educativas de alta calidad. No obstante, los avances en la plataforma ministerial SABER y el expediente electrónico permitirían mejoras significativas en el seguimiento y prevenir los rezagos y la exclusión”, Octavo Informe del Estado de la Educación.

Fuente: Estado de la Educación.