Por Vivienne Solís Rivera y Marvin Fonseca Borras,  Coopesolidar R.L.

Después de más de dos años de trabajo virtual, se realizó en Ginebra (Suiza), a partir del 14 de marzo, la reunión presencial de trabajo del Convenio de Diversidad Biológica creado en 1992 que definirá el texto a negociarse del Marco Global de Biodiversidad post 2020 que guiará las acciones de  los gobiernos parte en la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de la biodiversidad.

La reunión ratificó los avances y retrocesos acerca de cómo participa la sociedad civil en el marco de estas discusiones globales.

En la primera semana de negociación hubo varios temas claves, entre ellos, los esfuerzos por consolidar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en  las iniciativas definidas como 30X30 y la Meta 22, para reconocer plenamente los derechos de las mujeres y niñas en el marco general de la diversidad.  

Acerca de los aprendizajes desde la sociedad civil se puede plantear las siguientes lecciones. Una mayoría de las delegaciones de los Estados partes, reconocen la importancia de la participación de las comunidades locales y territorios indígenas (CLPI), como actores claves en la acciones de biodiversidad lo cual se suma a los avances históricos que ha logrado el Convenio, en favor del reconocimiento de los diferentes tipo de gobernanza y la búsqueda de otras formas de conservación basadas en áreas.

No obstante, se ha observado una resistencia sutil pero clara, de no incluir en los textos de trabajo de manera clara y urgente, un enfoque de derechos humanos.   Además, no existe una voz de consenso para garantizar el derecho de objeción a iniciativas de conservación, consagrado en el Consentimiento Previo Libre e Informado, el cual afecta directamente los derechos de los CLPI y territorios de vida.   Esto es claramente un retroceso en la implementación de los  derechos humanos en las acciones de conservación y desarrollo.

Voces diversas

En relación con la iniciativa para alcanzar en el año 2030, al menos un 30 % más de los espacios marinos y continentales bajo alguna figura de conservación, se observan dos tendencias. 

Por un lado, un conjunto de delegaciones con enormes dudas por las implicaciones que para esos países tiene lograr esa meta; por lo tanto, empujan hacia un indicador implementado globalmente.  El otro lado, aquellas representaciones que propugnan por una iniciativa total de conservación a toda costa. No obstante, en ninguno de los casos, se han escuchado voces claras para incluir salvaguardas que cuiden los derechos de las comunidades locales y territorios indígenas.

En esta reunión destaca el esfuerzo realizado por naciones – la mayoría de ellas de Latinoamérica-, por consolidar la meta 22, orientada garantizar un reconocimiento pleno de los aportes de las mujeres y niñas en los temas de medulares de conservación, tales como: gobernanza, abordaje integral de los países y; principalmente, asegurar una atención prioritaria para ese grupo.

Se podría considerar que una mayoría de representaciones están satisfechas con garantizar el tema de participación sin dar el paso histórico necesario, que instruya a los gobiernos para realizar acciones en nombre de la conservación de la biodiversidad que atente y/o atropelle en sus acciones a hombres y mujeres que viven directa e indirectamente vinculados a los reservorios del patrimonio de diversidad global.

Queda pendiente profundizar en las diferencias entre los interesados en la conservación conforme al principio 10 que garantiza la participación en todas las acciones vinculadas a la conservación y definir a los grupos que deben calificarse como “sujetos de derecho” quienes por razones históricas, culturales, de acceso a los recursos y gobernanza deben tener un trato particular con el fin de garantizar un pleno de acceso a los derechos.