Hay un total de 95 rutas que lamentablemente no han podido continuar con el servicio brindado.

La Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), advierte públicamente que la continuidad del servicio en algunas comunidades se encuentra en riesgo. Según un informe de rutas abandonadas del Consejo de Transporte Público (CTP), un total de 95 rutas han sido devueltas al Consejo, lo que deja a las comunidades sin servicio hasta que se designe un nuevo operador, situación que no es fácil debido a la crisis actual.

“Tenemos un total de 95 rutas, donde los empresarios lamentablemente no han podido continuar brindando el servicio. Muchas de ellas arrastran el peso de dos años de pandemia que redujeron y contrajeron al sector, quienes tuvieron que seguir haciendo frente a muchas responsabilidades a pesar de reducir significativamente sus ingresos”, afirmó Silvia Bolaños, vicepresidenta Ejecutiva de CANATRANS

 ¿Por qué dejaron los autobuseros el servicio?

Para CANATRANS hay que ver cada caso con detalle, pero según el informe del CTP, se indica que la decisión del operador es por: problemas financieros, afectación de pandemia y rentabilidad. 3 temas, que ponen el dedo en la llaga en un modelo de concesión que se está convirtiendo en una fórmula ruinosa para los empresarios por los altos costos del servicio y cada vez menos accesible para el usuario.

“La pandemia golpeó fuertemente al sector, las medidas tomadas por el gobierno de turno iban dirigidas a la no movilización, bajo el lema de quédese en casa y con ello hubo una reducción enorme de las personas usuarias del servicio, lo cual contrajo la economía del país y del sector. Los autobuseros no son la excepción y el estado debe dar las condiciones para que el servicio público de transporte se siga brindando. Lamentablemente esta decisión está afectando a zonas rurales que ante la decisión deben buscar formas alternas de transporte ilegal”, afirmó Bolaños.

El caso de Doña Damaris García (adjuntamos testimonio en video) es uno de los tantos, ella debe trasladarse en la ruta de Zapatón de Puriscal, una de las tantas comunidades afectadas por esta situación, quienes no tienen servicio público desde hace más de un año, y para poder hacer sus gestiones, acceder a los servicios de salud, estudio, etc. deben pagar hasta 40.000 colones por viaje para transportarse. “Es inadmisible que en una comunidad los vecinos deban tomar servicios ilegales de transporte para acceder a los servicios más indispensables, como los de salud. Muchos de ellos deben gastar la mitad de su pensión o ponerse de acuerdo con otros vecinos. El servicio de transporte público es un servicio básico, no debería una comunidad estar sin este servicio”, afirmó Bolaños.

¿Cómo puede resolverse esto?

Solo en el año 2021, se tuvo una disminución de 230 millones de usuarios, pero los gastos siguieron iguales. Muchos de los empresarios reportan que incluso han entregado su patrimonio para evitar dejar las rutas.

“Actualmente la cantidad de usuarios sigue disminuida ya que cerca de una cuarta parte de los usuarios que se reportaban antes de pandemia, sigue sin usar el servicio. A estas rutas sin servicio, se podrían unir muchas más de no aprobarse el proyecto de ley 22530, que pretende extender la antigüedad de las unidades de autobús por 5 años, que como condición necesaria deben estar en óptimas condiciones y contar con las revisiones técnicas al día”, expresó Bolaños.

Este proyecto sería una opción de rescate muy importante para el sector autobusero, para lo cual expresamos algunos beneficios de aprobarlo:

1. 1- Las inversiones como compra de unidades nuevas influyen en el costo de la tarifa, de aprobarse el proyecto, se podría evitar este efecto, mientras la economía se recupera.

 2. A partir del año 15 no hay reconocimiento tarifario por rentabilidad.

3. Los buses con antigüedad mayor de 15 años, no son más contaminantes ya que todos deben contar con la revisión técnica vehicular que garantiza emisiones mínimas controlada.

4. Desde el 2014 todas las unidades cuentan con rampa, lo cual es requisito para poder circular y para que el CTP las autorice en flota.

5. No existe un criterio técnico que respalde la determinación de 15 años como la antigüedad máxima, sino que eso depende del correcto mantenimiento. Este plazo fue dado como un criterio legal, en el marco de la aprobación de la Ley 7600 y no tiene una validez técnica que certifique ese plazo como la vida útil de una unidad.

6. 6- El 80% de los beneficiarios de este proyecto de ley son empresarios pequeños y medianos en general.

“El proyecto de ley lo que pretende es dar una solución temporal a una realidad país, además protege la continuidad del servicio y en nada sustituye los cronogramas de inversión de flota establecidos en los contratos de concesión, por lo cual la modernización del transporte público sigue vigente”, finalizó Bolaños.