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Crédito de la Foto: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Crédito de la Foto: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

El desempleo es muchas veces el detonante para continuar pagando un seguro voluntario

Habitantes que perdieron el empleo o que por diversas circunstancias ya no tienen recursos económicos para continuar con el pago puntual de un seguro voluntario están viendo seriamente amenazado su condición de salud al suspenderse la atención médica, ya que cambiar a una modalidad de seguro por el Estado se convierte hoy en día en toda una pesadilla.

Con motivo de la pandemia por Covid-19, personas se han acercado a la Defensoría de los Habitantes a reclamar la odisea que significa renovar o modificar la posibilidad de aseguramiento, pues se topan con una serie de trámites institucionales que dificulta la obtención de este beneficio en momentos que no disponen de ingresos económicos para tal fin.

Un caso se hace evidente cuando la persona intenta hacer el trámite para una certificación del IMAS que permita demostrar su condición de pobreza y ese problema de acceso para comunicarse con dicha institución se convierte en un muro que impide ya sea obtener una cita o cuando la obtienen, el plazo para su obtención es muy prolongado, venciéndose el tiempo de vigencia del seguro, quedando excluidos de la posibilidad de obtener citas médicas o retirar medicamentos y dar el debido seguimiento a su estado de salud.

Para la Defensoría ante la imposibilidad de la Administración de responder en tiempo y forma a los requerimientos de la actualización de condición socioeconómica, es claro que las autoridades del IMAS y la CCSS requieren buscar una solución que permita no generar una acción más gravosa en perjuicio de los y las habitantes.

Ni qué hablar de aquellos casos de personas que no pueden económicamente seguir pagando mensualmente el seguro voluntario, pues no puede desafiliarse porque la ley no lo permite,  y mientras eso pasa, las cuentas crecen y caen en un estado de morosidad que complica su situación actual. Lo anterior, en razón de la falta de conocimiento de las personas afiliadas, de solicitar una suspensión de esta modalidad de aseguramiento.

Parte de la población que acude a la Caja a requerir el beneficio del seguro por el Estado son personas que además de encontrarse en pobreza, tienen otras condiciones que les coloca en una situación particular de vulnerabilidad, de ahí que es fundamental para la Defensoría que tanto la CCSS como el IMAS revisen los procedimientos establecidos en el trámite de aseguramiento.


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