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Crédito de foto: Comunidad ISM
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  • Proyecto fue suscrito por el presidente de la República y los ministros de Salud y de Ambiente y Energía el decreto 43367-MINAE-S este jueves y busca reducir el impacto de los residuos en el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades costeras.
  • Instrumento permitirá una gestión integral, coordinada y adecuada de los residuos marinos, buscando así mares resilientes, proteger los ecosistemas y evitar la acidificación de los océanos.
  • Acciones se ejecutarán en todo el ámbito nacional, pero su impacto será mayor en las personas que habitan en los 18 cantones y 4 concejos municipales de distrito que tienen territorio costero.
  • Plan contará con un equipo coordinador integrado por representantes de Salud, MINAE, MEP, MOPT, Relaciones Exteriores y Culto, MICITT e Incopesca.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, y jerarcas de Ambiente y Energía, Andrea Meza, y de Salud, Daniel Salas, firmaron el decreto de oficialización del Plan Nacional de Residuos Marinos 2021-2030 y su estructura de gobernanza que tiene como objetivo coordinar de forma intersectorial la prevención y la gestión integral de los residuos marinos, orientado al mejoramiento de la calidad de los ecosistemas y la salud de las personas.

La actividad tuvo lugar este jueves en las afueras de la oficina regional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ubicadas en Playa Panamá .

Según datos del Ministerio de Salud, del total de residuos generados por Costa Rica en el año 2019 (3 681 Ton/día), se recolectan y se llevan a disposición final el 93,25%, sin embargo el restante 6,8%, no es recolectado, y por ende es dispuesto en el ambiente.

Producto de las lluvias, estos residuos terminan en alcantarillas, ríos y arroyos, fluyendo hacia las áreas costeras, sumándose a aquellos generados por el turismo en las playas y las actividades económicas en el mar. Esta situación afecta a un gran número de familias de las zonas costeras, impactando la pesca, el transporte marítimo y el turismo, entre otros.

“Este instrumento adopta una perspectiva preventiva y de gestión de los residuos de origen marino y terrestre, fortalece las iniciativas de sensibilización, educación y comunicación, mejora la normativa nacional y su cumplimiento, fomenta la articulación entre la investigación científica y la innovación y promueve los mecanismos de monitoreo y evaluación”, indicó la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.

Seis ejes estratégicos

El Plan Nacional de Residuos Marinos priorizó 6 ejes estratégicos, 14 objetivos específicos y 48 acciones estratégicas con sus respectivos indicadores, metas y responsables. Para su seguimiento, con la firma del Decreto Ejecutivo 43367-MINAE-S se crea un Equipo Coordinador integrado por representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

Las acciones del Plan se ejecutarán en todo el ámbito nacional, pero su impacto será mayor en las personas que habitan en los 18 cantones y 4 concejos municipales de distrito que tienen territorio costero.

“Recientes estudios de la Universidad de Costa Rica han registrado la ingesta de microplásticos en los estómagos de las especies analizadas. El manejo integral de los residuos marinos beneficia la seguridad alimentaria, creando océanos resilientes al cambio climático ya que estos reciben el 90% del calentamiento global; este enfoque apuesta por océanos sanos, la protección de los ecosistemas marinos y un uso sostenible de los recursos”, mencionó Cynthia Barzuna, Viceministra de Agua y Mares. 

Este Plan se desarrolló en coordinación con el Comité Interministerial del Plan Nacional de Residuos Marinos, conformado por el Viceministerio de Agua y Mares y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE, el Ministerio de Salud y un grupo técnico de consultoras, integrado por profesionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Asociación Centroamericana para la Economía, Salud y el Ambiente.

El financiamiento fue otorgado en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, apoyado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y su asociado Battelle.


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