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El Gobierno de la República hizo un llamado a los diputados para que aceleren la tramitación del Proyecto 21.177 “Ley para determinar las condiciones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra con tarjeta de crédito y débito”, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos.

El proyecto propone que los márgenes de ganancia que obtienen los bancos por el uso de datáfonos a los comercios sean determinados por el Banco Central y el Ministerio de Economía. En la actualidad, la definición depende de los bancos que ofertan el servicio electrónico, de modo que los comercios pagan por cada transacción comisiones que incluso llegan hasta un 7%.

El llamado a acelerar la tramitación de este proyecto, que contribuirá a la reactivación económica al reducir costos en todas las transacciones por medio de los datáfonos, fue hecho la mañana de este martes en Casa Presidencial por la ministra de Planificación y Política Económica y Coordinadora del Equipo Económico, María del Pilar Garrido; la ministra de Economía Industria y Comercio, Victoria Hernández; y el diputado Welmer Ramos.

“El objetivo es que haya una fijación técnica en relación con estas comisiones”, dijo el diputado proponente Welmer Ramos, acotando que en Costa Rica el monto promedia un 5% y llega hasta un 7% por transacción, mientras que Europa es un de 0,3%.

La ministra de Planificación comentó que países como Argentina, Colombia y México ya han impulsado avances regulatorios en este tema. En México, por ejemplo, el Banco Central revisa las comisiones y la de intercambio actualmente está en 1,91% y 1,15% para tarjetas de crédito y débito, respectivamente.

“En Costa Rica, queremos incursionar en la regulación de la comisión de afiliación y en una diferenciación por tipo de tarjeta. La actual carencia de normativa genera cierta desproporción en las comisiones de intercambio a los diferentes comercios. Esto nos hace pensar que hay un margen para mejorar esas comisiones y fomentar la competitividad”, explicó Garrido.

A juicio de la jerarca, esta regulación tendrá un impacto muy positivo en la economía nacional y en los bolsillos de comercios y consumidores. “En 2018 las compras con medios de pago electrónicos ascendieron a $15.000 millones, de modo que de cada disminución de un punto porcentual el ahorro para la economía nacional sería de $150 millones”, estimó.

“Regular este tema, en momentos en que urge la reactivación económica, beneficiaría a los comercios y a los usuarios, dado el uso generalizado de las tarjetas como medio de pago. Consideramos vital mantener el sistema de pagos electrónico robusto, en continuo crecimiento, mejorando la competitividad y dando esa señal de confianza tan importante en los mercados”, enfatizó Garrido.

Por su parte, la ministra del MEIC, Victoria Hernández, indicó que “con la aprobación del proyecto las comisiones para los comerciantes por el uso de datafonos serán determinadas a partir de estudios cuya información la proporcionarán las propias entidades financieras del país”.

Agregó que se beneficiarán particularmente los pequeños negocios que son los que pagan los márgenes más altos por el menor volumen de sus transacciones.

El diputado Ramos recordó que el proyecto adquiere especial relevancia toda vez que a raíz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se hizo obligatorio a los comercios aceptar medios de pago electrónico.

Al reflexionar sobre la trascendencia de este proyecto, ejemplificó que “en este país tuvimos una discusión amplia por el impuesto del 1% a la canasta básica, pero no ha habido el mismo debate sobre el cobro por uso de medios de pago electrónico “que equivale a un impuesto de varios puntos porcentuales sobre todas las compras que hacemos con tarjeta”.

Para usar este medio electrónico, los entes financieros cobran una comisión de afiliación compuesta por dos rubros: la comisión de adquirencia (cubre costos operativos y de transacción electrónica) y la comisión de intercambio (la cobra un ente por las transacciones de tarjetas que no fueron emitidas por ellos mismos).


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