• Un impuesto del 30% propinará profundo golpe económico e informalización de las pymes alimentarias y reinserta al país en un ambiente de incertidumbre en materia tributaria. 
• La persecución a los evasores se convertirá en atropello a derechos fundamentales de los contribuyentes donde el blanco más bien debe ser el gasto público. 

Como un golpe demasiado fuerte a la micro y pequeña industria y como fuente de incerteza jurídica para la protección de derechos fundamentales de los contribuyentes. Así catalogó la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), el paquete de proyectos de ley que recientemente presentó el Poder Ejecutivo en materia tributaria ante el Congreso de la República. 

Según Juan Ignacio Pérez, presidente de los industriales de alimentos y bebidas de Costa Rica, de todas las industrias alimentarias formalmente registradas, un 55% de ellas son unidades productivas de menos de 5 trabajadores. Este sector, que es una turbina de la economía en materia de desarrollo social y económico, recibiría un golpe demasiado fuerte al pretender llevar su contribución fiscal al 30%. Esta es una propuesta que no es coherente con la visión de desarrollo empresarial que la administración venía proponiendo.   

“Ciertamente, no se conoce ninguna experiencia de desarrollo empresarial en ninguna parte del mundo, donde la micro y pequeña industria encuentre un espacio de crecimiento, con una estrategia tributaria semejante”, acotó Pérez. 

Según el representante de la industria alimentaria, otro elemento que genera enorme preocupación es que el gobierno cometa el mismo error de administraciones pasadas, al poner el entorno y el clima regulatorio tributario, nuevamente, en un escenario de inestabilidad e incerteza sobre las reglas que operan en el país. Algunos de los planteamientos presentes en las iniciativas, fortalecen la percepción local e internacional, que Costa Rica es un país donde no se sabe ¿qué sucederá en un horizonte a largo plazo?   

El gobierno no debe desconocer que, en 2018, el país entró en una seria crisis social, política y económica, a raíz de lo que fue la discusión de la última reforma realizada en la materia tributaria. Ese clima nacional empujó al país hacia un ciclo recesivo, que posteriormente la pandemia por COVID-19 terminó de establecer y que aún estamos asumiendo consecuencias. No debemos perder la perspectiva de la historia reciente en materia de cambios en las reglas del juego, especialmente cuando se está incrementando la carga tributaria que los ciudadanos deberán soportar nuevamente y adicionalmente. 

Para los empresarios de CACIA, la incerteza y la inestabilidad sobre los procedimientos tributarios es una de las peores señales que recibe quien quiere invertir en un pequeño emprendimiento o en un gran proyecto empresarial. No se vale que la persecución al crimen evasor, tema en que coincidimos, justifique retrocesos en materia derechos fundamentales del 100% de los contribuyentes, o en su seguridad jurídica, ante la voracidad fiscal del Estado.  

Uno de los proyectos planteados, implica el desconocimiento del debido proceso, o la mediación de autorización de juez, entre otros ejemplos, lo cual convertirá la plataforma regulatoria en fuente de enorme conflictividad y judicialización de procesos. Estos son aspectos inviolables que caracterizan nuestro estado de derecho y un clima de negocios estable, lo cual se estaría agravando. 

El presidente de CACIA agrega que el gobierno recientemente anunció buenos resultados en materia fiscal y deuda pública; es un momento extraordinario para poner la batería sobre los verdaderos disparadores de los desbalances fiscales, los cuales se encuentran en los forjadores estructurales del gasto público. La mejor reforma estructural capaz de otorgar estabilidad y eficiencia fiscal en un horizonte de largo plazo se encuentra en la reforma estructural del Estado.   

“En CACIA extrañamos la fuerza que el gobierno imprimió al inicio de su gestión, en la que puso las señales sobre temas como el mal diseñado sistema de pensiones cargados al presupuesto nacional, la existencia de transferencias sin rendición de cuentas ni indicadores de desempeño o rentabilidad económica y social, las ineficiencias fiscales producidas por un sistema de empleo público que requiere mayor profundidad en su reestructuración, en la eliminación de duplicidades e instituciones que ya cumplieron su ciclo vital de creación de valor, en la transformación de todo el gasto inmobiliario que desarrolla el Poder Ejecutivo, entre muchas otras variables. Es el momento de convertir las señales en acciones y ejecución”, aseguró Pérez.  

Los empresarios hacen un llamado al Poder Ejecutivo y a los diputados, para que las iniciativas de política apunten sus baterías hacia la creación de incentivos, la eliminación de ineficiencias y hacia una verdadera reforma estructural del Estado, pues esta última, es la única capaz de darle estabilidad fiscal al Estado, a las empresas y a los bolsillos de los ciudadanos que lo financian.