De acuerdo con el proyecto, toda mujer embarazada tiene derecho a recibir información integral, clara y concisa sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones quirúrgicas.

El pasado martes 29 de enero, se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley número 21.062 que busca reformar el artículo 12 de la Ley General de Salud, el cual tiene como propósito proteger a la mujer embarazada, antes, durante y después del parto.

Ante esta gestión, la diputada liberacionista por Guanacaste, Aida Montiel, aprovechó para agradecer a la Comisión de la Mujer por la sensibilidad y compromiso con el que se analizó y dictaminó este Proyecto de Ley. “La mujer embarazada merece y tiene el derecho a que esa condición suya tan especial, tenga el reconocimiento y apoyo de las instituciones de salud tanto públicas como privadas”, comentó la diputada.

Tanto la Defensoría de los Habitantes, como una investigación periodística por parte de un medio guanacasteco, han realizado varias investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos de las mujeres embarazadas, que constituyen formas de violencia obstétrica. Así, por ejemplo, en el tema de los traslados se dan circunstancias que afectan emocional y físicamente a la futura madre.

“Para muchas mujeres costarricenses los servicios de obstetricia son un verdadero lujo, y deben sufrir muchas penurias y vejaciones inaceptables en nuestra sociedad. Pero hay otras formas de violencia que se manifiestan, como el trato inadecuado e irrespetuoso, el no facilitar el apego posparto con el niño o la niña, no recibir atención oportuna y personalizada, falta de información entre otras”, agregó la legisladora.

Según datos de la última Encuesta de Mujer, Niñez y Adolescencia del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Salud y UNIFEC, el 98% de los partos en Costa Rica, se atendieron en los centros de salud públicos y privados, correspondiendo un 94% a la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, la encuesta señala que un 58% de las mujeres que tuvieron un bebé sufrió algún grado de violencia obstétrica.

De este modo, al 35% no se les consultó para aplicarles procedimientos o darles medicamentos, a un 19% no le dieron explicaciones comprensibles, a un 12% le gritaron o regañaron, a un 10% le hicieron comentarios despectivos, un 9% no tuvo el apoyo necesario y adecuado y un 2% fueron agredidas físicamente.

Estas cifras muestran una realidad que puede estar presente cada día en nuestros hospitales y clínicas, razón por la cual es impostergable legislar para mejorar las condiciones de las mujeres y sus bebés.

De acuerdo con el proyecto, toda mujer embarazada tiene derecho a recibir información integral, clara y concisa sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones quirúrgicas, por ejemplo sobre la posibilidad de una cesárea, la extirpación de un tumor o aplicar el conocido “piquete”, procedimiento que, dicho sea de paso, no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, como una intervención de rutina.

Todo esto me motivó a presentar la presente iniciativa para reconocer y garantizar la protección de las mujeres en estado de embarazo, cuando sean sometidas a procedimientos de salud, especialmente ginecológicos, antes, durante y después del parto, mediante una atención médica y administrativa integral, oportuna y respetuosa de su condición.

Esto incluye, dar a luz a un bebé sano en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y sicológico, y contar con apoyo práctico y emocional continuo, es decir, estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias técnicas adecuadas.