Feliz 198 aniversario de la Independencia de CR

La falta de propuestas concretas e integrales del Gobierno para controlar los efectos evidenciados de la minería ilegal en el país, motivó a los diputados María José Corrales y Jorge Luis Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN), a presentar un proyecto de ley que regula esta materia de manera ambientalmente responsable.

Se trata del proyecto Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica.

Esta iniciativa busca el efectivo cumplimiento de lo que establece el articulo 1 del Código de Minería, el cual otorga al Estado el dominio de los recursos minerales del país y su potestad para explorar sus riquezas por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él.

La diputada María José Corrales fue enfática en que su apoyo a esta propuesta de ley se debe a la situación que se vive en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos. Ella es representante de los cantones de la zona norte del país.

“La inacción estatal nos ha llevado a consecuencias muy serias: contaminación con mercurio por la práctica ilegal de la minería, descomposición social que se manifiesta en tráfico de armas, drogas, prostitución, enfermedades que estuvieron erradicadas y que ahora reaparecen como la malaria y el saqueo de oro que equivale al valor de casi $400 millones. Mientras esto ocurre, el Gobierno no ha cumplido su promesa de presetar un plan de atención a esta problemática”, manifestó la diputada Corrales.

Por su parte, el legislador herediano Jorge Luis Fonseca aseguró que “en el caso de Abangares por ejemplo, se realiza una actividad de extracción de oro que no genera beneficios al país porque no existe técnica ni regulación, no hay un aprovechamiento real y eso debe resguardarse en procura de una efectiva protección ambiental y en respeto a nuestra riqueza natural”.

Control ambiental

El proyecto plantea tres tipos de minería que se podrían desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la artesanal, la pequeña minería y la mediana minería.

Para llevarlo a cabo, las personas o empresas interesadas deberán contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena). Además, deberá cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Además, para cada proyecto que se otorgue una concesión se conformará una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) con participación de funcionarios del Minae, las municipalidades donde se realice el proyecto, asociaciones comunales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ven temas ambientales, quienes darán seguimiento al trabajo que desarrolle el concesionario.

Asimismo, se establece la prohibición expresa del uso del mercurio y el otorgamiento de permisos para explorar o explotar recursos minerales en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios de vida silvestres.

Impuestos y beneficios

El proyecto establece un impuesto que consiste en un canon anual que deberá cancelar la empresa por hectárea concesionada.

Además de ofrecer un marco regulatorio a la labor minera en el país, el proyecto establece un esquema de beneficios sociales producto de las concesiones que eventualmente se otorguen. Uno de ellos, consiste en que al menos las dos terceras partes de las personas que trabajen para la concesión deberán ser vecinos del cantón donde opere el proyecto.

Además, se establecerá un impuesto del 20% sobre las ventas brutas del material extraído. De ese total, un 15% se destinarán para financiar Pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS, 10% para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 15% para ampliar la cobertura de la Red de Cuido, un 30% ingresará a las arcas municipales de la zona donde se ubique la concesión y un 15% se distribuirá proporcionalmente en las municipalidades de la región donde se ubique la concesión tomando en cuenta su Índice de Desarrollo Social (IDS).

Finalmente, un 5% irá a la Dirección de Geología y Minas y el restante 10% del impuesto será para la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) para las inversiones que realicen las Asociaciones de Desarrollo. 


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