Temas judiciales marcan agenda del primer mes de gobierno

El primer mes de la Presidencia de la mandataria, Laura Fernández, estuvo marcado por temas relacionados con la esfera judicial especialmente la designación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional y; además, el envío a la Asamblea Legislativa de seis proyectos de ley encaminados a eventuales reformas en el campo Penal.

El nombramiento de los jueces sustitutos de la Sala reviste especial importancia porque es necesario designar a nueve de ellos de entre una nómina de 18 candidatos que necesitan 38 votos para salir electos en el Parlamento donde la fracción oficialista posee 31 escaños.

La escogencia de los magistrados suplentes resulta de la máxima importancia para la Administración de Justicia porque en caso de una ausencia de un juez propietario -por situaciones como una jubilación, enfermedad o vacaciones- en caso de que no se designen reemplazantes esa ausencia podría derivar en una eventual parálisis de la Sala IV que; entre otras acciones, es la instancia donde se conocen los recursos de amparo, habeas corpus y de inconstitucionalidad.

Ofensiva legal

El segundo frente que ha signado los primeros 30 días de la administración Fernández está determinado por el envío a la Asamblea Legislativa de un paquete seis iniciativas de Ley relacionadas con materia Penal.

La mandataria envió a consideración de los diputados las siguientes iniciativas:

-Proyecto Gerson Rosales: En honor a ese oficial de Fuerza Pública asesinado en Limón. Incluye la prisión preventiva cuando se agrede a un policía y establece que el uso del arma de los oficiales se entienda como legítima defensa.

-Combate a las asociaciones criminales: Nuevas penas de cárcel a personas que se unan para delinquir e integren bandas criminales.

-Mano firme contra la reincidencia: Toda persona que reincida en un delito será llevada a prisión preventiva sin excepción.

-Cero ocio: Los privados de libertad deberán trabajar para costear su permanencia en prisión.

-Pistas de aterrizaje clandestinas: Aumenta las penas para quienes construyan y utilicen estos espacios en el crimen organizado.

-Archivos judiciales: Las condenas por delitos contra la vida permanecerán por 15 años en el registro de la hoja de delincuencia, pero quedarán siempre en registro policiales.

Ese paquete de propuestas fue elaborado por una Comisión Asesora que nombró la Presidencia de la República.