Con el interés de acelerar los procesos constructivos de infraestructura educativa, el Ministerio de Educación Pública (MEP) modificó el artículo 145 del Reglamento de Contratación Administrativa, a fin de realizar compras y servicios profesionales, por medio de la figura de la contratación directa concursada.
Este cambio se enmarca en el proceso de reestructuración de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
Steven González Cortés, viceministro administrativo del MEP, expresó que esta modificación reducirá los tiempos de tramitología y ampliará la participación con mayor transparencia, dado que al realizar las compras por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) pueden concursar más oferentes y el acceso a la información es público.
Actualmente, solo las Juntas de Educación y las Administrativas utilizan el procedimiento de contratación directa concursada, para lo cual es necesario invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes. Según el proceso actual, la DIEE transfiere recursos a las juntas de educación y administrativas y éstas realizan la contratación sin utilizar SICOP.
La transformación abrirá la posibilidad a la Proveeduría institucional del MEP para contratar paquetes de obras, de manera que las juntas puedan enfocarse en obras menores y de mantenimiento. En este momento se realizan cerca de 50 procesos constructivos al año, lo que se espera aumente con esta modificación.
González detalló que su viceministerio revisará uno a uno los casos que ya tienen acciones avanzadas para determinar si existe posibilidad de agilizar los trámites o que éstos se pasen a la Proveeduría Institucional.
La propuesta de reestructuración de la DIEE fue dada conocer el pasado 24 de enero y actualmente se está a la espera de la aprobación de parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Una vez aprobado, se iniciará el traslado paulatino de funcionarios de contrataciones de la DIEE a la Proveeduría del MEP.
El cambio del artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que se realizó en el MEP, requirió el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como la aprobación de la Presidencia de la República.
