Analizar los impactos que provocaría la eventual construcción del proyecto Canal Seco Interoceánico en la Región de Guanacaste y en el Área de Conservación de Guanacaste fue el objetivo que persiguió la Comisión Especial integrada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional.

El proyecto contempla la construcción de una carretera de 315 kilómetros, con 10 carriles y dos líneas férreas, que atravesaría el país de costa a costa y una inversión de $16 mil millones.

Dicha Comisión fue conformada por representantes del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, la Escuela de Economía, el Instituto de Estudios del Trabajo, la Escuela de Ciencias Ambientales, el Centro Internacional de Política Económica, la Federación de Estudiantes, un Miembro del Consejo Universitario y la Sede Regional Chorotega, quienes tuvieron a su cargo la misión de determinar científicamente, si el estudio de factibilidad presentado por la empresa Canal Seco Interoceánico (Cansec), reunía las condiciones para hacer posible el proyecto.

Tras varios meses de investigación, la comisión determinó una serie de repercusiones como el desplazamiento humano debido a la compra de tierras, así como expropiaciones del Estado para habilitar el territorio, los cuales no se contemplaron dentro del estudio.

La Dra. Aurora Hernández Ulate, Coordinadora de la investigación y Directora Académica de la Sede Regional Chorotega de la UNA, señaló que tampoco cuantifica la cantidad de familias que podrían verse afectadas, o si la relocalización familiar estaría supervisada por el Estado o bajo el amparo de la concesionaria. También no contiene una evaluación sobre el nivel de desarticulación de las localidades, a raíz de la inminente división del espacio.

“Las comunidades donde se propone el corredor del canal poseen un bajo índice de desarrollo humano, dependen de actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la pesca, lo cual hace esencial determinar cómo afectará en los modos de vida de la población”, explicó la Dra. Hernández Ulate.

Aunque el estudio contempló varias páginas dedicadas al ambiente, no puntualizó sobre los riesgos para la naturaleza. Los expertos del UNA estimaron afectaciones en el aire, el suelo, en las aguas superficiales y subterráneas, ambiente marino, en la flora y la fauna.

Dentro de los hallazgos figura la ausencia de las evaluaciones: técnica, económica, financiera, legal y administrativa, vitales en este tipo de abordajes, siendo a criterio de los expertos de la UNA un estudio incompleto.

La Dra. Hernández aclaró que la comisión no encabeza un movimiento de oposición del proyecto, sino que realizó un balance de la documentación proporcionada. “La ausencia de información precisa no permite medir el riesgo, por lo cual se debe aplicar el principio de precaución, debido a la gran envergadura de la obra”.