Cierre educativo con retrocesos y tensión en políticas públicas, según Cide

El análisis del Sistema Educativo 2025, realizado por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), registró una disminución de 402 a 385 puntos en la prueba PISA de matemática, más de 880 órdenes sanitarias en centros educativos y 108.000 incapacidades docentes por estrés. El diagnóstico identificó rezagos históricos y decisiones sin planificación como las principales causas, y su fin es aportar evidencia técnica para orientar decisiones de política pública.

El dictamen  retoma los hallazgos del Décimo Informe del Estado de la Educación y explica que la crisis actual responde a tres factores acumulados: los rezagos estructurales desde inicios del siglo XXI, las interrupciones educativas entre 2018 y 2022, y la ausencia de dirección política entre 2022 y 2025. Según el balance, la falta de continuidad afectó el rendimiento del estudiantado y generó cambios constantes en evaluación, conectividad e infraestructura.

También destaca impactos directos en el acceso y uso de recursos educativos. Entre los casos citados destaca el almacenamiento de computadoras sin distribución completa en los centros educativos, lo cual aumentó las brechas digitales y limitó la estrategia de competencias digitales.  Además, se describe un escenario de desconexión entre políticas anunciadas y acciones en el aula, con efectos sobre las oportunidades de aprendizaje.

Otro tema central es la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y su sustitución por el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia. El Consejo del Cide expresó su rechazo a la medida por la ausencia de sustento técnico y pedagógico. El Centro enfatiza que la educación sexual integral es un derecho reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y el Desarrollo (UNESCO), y por la Convención sobre los Derechos del Niño, y advierte que la nueva propuesta deja los contenidos sujetos a interpretación de cada centro educativo, lo cual afecta a poblaciones adolescentes y sexualmente diversas sin espacios formativos claros.

El análisis sobre políticas públicas también incluyó los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre apariencia, tatuajes y expresiones identitarias a partir de 2026. El consejo del Cide,  indica que no existe evidencia empírica que relacione regulación de la apariencia con mejores resultados académicos. Para el Cide, esta discusión desvía la atención de los desafíos centrales: rezagos en lectura, pensamiento matemático, infraestructura deteriorada y brechas en formación docente.

Las condiciones laborales de las personas docentes ocupan otro eje del análisis. Miles de profesionales trabajaron con nombramientos interinos durante años, lo cual impactó su estabilidad y su bienestar. Los datos muestran que se registraron 108.000 incapacidades por estrés, ansiedad y burnout. Además, el 57% del personal docente reportó menos de 10 horas de capacitación anual y un 27,4% no recibió ninguna entre 2021 y 2023. El balance concluye que no habrá mejora sostenida en los aprendizajes sin una política clara de dignificación profesional.

Además, se detalla que las más de 880 órdenes sanitarias activas en centros educativos representan una deuda histórica en infraestructura. Esta situación afecta derechos básicos y limita el proceso de enseñanza. El análisis propone una política integral de mantenimiento, renovación y uso pedagógico de los espacios, junto con una estrategia de inversión en tecnología y conectividad que responda a las demandas educativas actuales.

Respecto a los mecanismos de ingreso a la carrera docente,  se analizó la prueba de idoneidad aplicada en 2025. Ocho de cada diez funcionarios del MEP aprobaron el examen, lo cual indica solvencia profesional y abre un espacio de ordenamiento en los concursos. Sin embargo,  se indica que una prueba estandarizada no puede ser el único criterio de evaluación, ya que la docencia implica mediación pedagógica, contexto sociocultural y atención a realidades diversas en el aula.

El  análisis presenta rutas de trabajo para reconstruir la educación pública. Entre las prioridades indica una planificación educativa sostenida, la mejora de condiciones docentes, infraestructura segura con recursos pedagógicos adecuados, la restitución de programas basados en evidencia y una evaluación docente integral. El CIDE  insta a recordar que la educación pública debe volver a ocupar un lugar central en la agenda política y contar con decisiones articuladas entre actores institucionales y comunidades educativas.