Seis de cada 10 gobiernos locales no incluyen el cambio climático en sus agendas 

Solo 34 de los 85 cantones del país cumplen con esta tarea, de manera voluntaria, de acuerdo con un análisis de la Escuela de Ciencias Ambientales, de la Universidad Nacional (UNA).

En términos porcentuales, el cumplimiento es de un 40%. La mayoría de estos gobiernos locales se ubica en la Región Central. Estos son: Alajuela, Naranjo, Acosta, Belén, Cartago, Curridabat, Desamparados, Paraíso, Santa Ana, San Pablo, San Ramón, Santa Bárbara, Tarrazú, Zarcero, El Guarco, Goicoechea, La Unión, Montes de Oca, Oreamuno, San José, San Rafael y Vásquez de Coronado.

El resto regiones del país tiene resultados más modestos. En la Brunca, aparecen Buenos Aires y Golfito, en la Chorotega son Cañas y Tilarán, en el Pacífico central destacan Monteverde, Quepos y San Mateo; en la Huetar Norte, San Carlos, Los Chiles y Sarapiquí y en la Huetar Atlántica, solo Limón y Turrialba.

El tema se dio a conocer durante la conferencia Compromiso ambienta en acción: logros, conocimiento y futuro sostenible, organizada por la instancia UNA Campus Sostenible, de la Vicerrectoría de Administración de la UNA. La actividad fue parte de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente (5 de junio).

Incorporar el tema del cambio climático en las agendas locales es un tema de alta relevancia. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica 2022-2026, busca orientar “las acciones hacia un modelo de desarrollo que garantice la resiliencia climática de la sociedad costarricense, que evite la pérdida de vidas humanas y modere los daños materiales generados por sus efectos adversos y que contribuya a aumentar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables” destaca el sitio web oficial del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sobre el tema.

Aunque los números evidencian un rezago, el resultado es mejor si se compara con la última medición que realizó esta unidad académica de la UNA en el 2018. Para ese momento, solo un 25% de las municipalidades incorporaba la variable climática.

Vanessa Valerio, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales, asegura que la falta de una ley marco nacional sobre cambio climático, impide un avance más acelerado.

“Ahí está la dificultad, porque como no hay una normativa en ese sentido, hace que los gobiernos locales actúen de manera voluntaria. Estamos ante una crisis climática sin precedentes, el tema del cambio climático es urgente, una necesidad mundial y requerimos una ley marco que abrigue a todos los sectores, tal y como ocurrió con la Ley para la Gestión integral de Residuos”, manifestó Valerio.

El sitio www.leycambioclimatico.cl identifica que, a nivel global, 73 países cuentan con una ley marco sobre cambio climático. Costa Rica no aparece en la lista, en la que sí sobresalen otras naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Paraguay.

Planificación y visión

Para Valerio, la elaboración de planes locales de adaptación de cambio climático debe ser vista como un proceso de planificación estratégica, que requiere maduración y desarrollo de capacidades locales.

La evidencia de que lo anterior no se está cumpliendo, es en el trabajo desarticulado que muchas veces impera. “Tenemos el problema de que, al igual que ocurre en la institucionalidad pública, se ve todo por separado. Programas de gestión ambiental por un lado, planes de adaptación por otro, gestión de residuos por aparte. Entonces, a falta de una agenda ambiental integrada, las acciones se ven fraccionadas”, indicó la directora de la Escuela de Ciencias Ambientales.

Una visión integrada permitiría, por ejemplo, asociar las estrategias ambientales con un enfoque de salud comunitaria. “Cuando vemos eventos extremos, como el fenómeno de El Niño, se incrementan las afectaciones a nivel local, con perjuicios a la economía y a las poblaciones más vulnerables”, agregó.

La infraestructura resiliente es otro de los elementos que debe trabajarse, apuntó. Amenazas como la de El Niño, debe llevar a los municipios a replantear la forma en que se construyen proyectos, los cuales deben considerar variables como épocas de mayor o menor sequía o fenómenos meteorológicos estacionales.

“Los planes reguladores tienen que considerar también los efectos del cambio climático. Y una parte fundamental en todo este proceso es el de la educación, que nos permita trabajar de la mano con los productores, dando capacitaciones a grupos específicos de manera que puedan prepararse ante la inminencia de una crisis”, sugirió Valerio.

Todos estos esfuerzos requiere una oficialización en las agendas locales que debe contemplar la inyección de recursos presupuestarios, tiempo y personal técnico especializado.

En respuesta a estas necesidades, desde la UNA se lanzó la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, una plataforma de apoyo institucional en materia de mitigación y adaptación. Actualmente, 22 municipalidades forman parte de la red.

Dentro de sus objetivos está el intercambio de experiencias locales sobre acción climática, la divulgación de acciones informadas en materia de investigación, así como la promoción de alianzas nacionales e internacionales. Esta acción se complementa con los proyectos de extensión sobre gestión del agua, manejo de residuos, prácticas agrícolas, biodiversidad y turismo sostenible que la UNA implementa en los territorios.

Susana Méndez, coordinadora de UNA Campus Sostenible, indicó que “proteger el lugar en el que habitamos no es un concepto abstracto. Se trata del aire que respiramos, el agua que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa. Y esta realidad nos exige reconocer que nos enfrentamos ahora a desafíos cada vez más complejos”.