Informe Estado de la Nación analiza tensiones entre conservación ambiental y propiedad privada en Gandoca-Manzanillo  

El capítulo analiza desafíos relacionados con la protección efectiva de ecosistemas, los patrones e impactos del uso del territorio y los recursos naturales, la aplicación de la normativa ambiental y las capacidades institucionales para la gestión territorial.  

Un hallazgo central es la pérdida de capacidades institucionales. Entre 2020 y 2024, el presupuesto global del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) se redujo cerca del 40%. En ese mismo periodo, la superficie bajo protección aumentó más de cinco veces, mientras que las horas dedicadas a actividades de control y protección en áreas de conservación disminuyeron un 60% entre 2018 y 2024, según datos analizados por el Informe.  

Uno de los grandes temas estudiados es la conflictividad socioambiental. En esta edición se abordó la situación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, para comprender las tensiones entre propiedad privada, conservación ambiental y desarrollo turístico e inmobiliario.

A partir de entrevistas con actores locales, personas expertas, representantes comunitarios e instituciones, la investigación recoge percepciones sobre inseguridad jurídica, aplicación desigual de la normativa, presión inmobiliaria y limitaciones para la fiscalización y el ordenamiento territorial.  

De acuerdo con el estudio, aproximadamente el 26% del bosque maduro, el 39,5% del bosque secundario y cerca del 37,9% de los humedales del refugio se encuentran dentro de propiedades privadas, condición permitida bajo la figura de refugio mixto.  

Aunque es legal, el Informe señala que esta coexistencia plantea desafíos para la protección ambiental y la gestión sostenible del territorio, especialmente en zonas donde confluyen actividades económicas, conservación y el ejercicio de los derechos de propiedad.  

Esto se enmarca en un aumento reciente de la conflictividad socioambiental en el país, vinculada a temas como turismo residencial, desarrollo inmobiliario y presión sobre ecosistemas estratégicos y fuentes de agua.  

“En el caso de Gandoca, los conflictos recientes que han llevado a denuncias y votos vinculados con la tala de bosque, se explican por tres grandes razones, según las voces de los actores locales: un sector privado que, en ocasiones, intenta traspasar los límites de lo permitido; un sector institucional que no actúa oportunamente, ya sea por debilidad en sus capacidades o por omisión o aplicación selectiva de la normativa; y una población cambiante, en la cual se comienza a percibir desplazamiento en la propiedad de la tierra”, señaló Leonardo Merino, investigador del capítulo.  

El Informe enfatiza que los desafíos ambientales requieren una discusión pública basada en evidencia científica, fortalecimiento institucional y planificación territorial de largo plazo, considerando sus implicaciones para la biodiversidad, las comunidades y el desarrollo humano sostenible.