El sector turístico, el más afectado a nivel económico por la pandemia, demanda la pronta aprobación del proyecto de ley, Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19.

Para la Cámara Nacional de Turismo, este fondo es clave para lograr verdaderas reestructuraciones o financiamientos adecuados, considerando los plazos de recuperación previstos de la actividad turística y la normalización en la capacidad de pago de las empresas del sector.

Sin embargo, Canatur considera que tal y como está redactado, no funcionaría en la práctica y más bien, acarrearía costos sociales, económicos y políticos que serán una carga mayor para el sistema financiero nacional, el Banco Central y el Gobierno de la República.

Por ello, hizo un llamado a los diputados y al poder ejecutivo para que se realicen ajustes al texto en discusión.

“Nos preocupa sobremanera que, de este Fondo se viene hablando desde marzo del año pasado y cada día que pasa en discusión o modificaciones de texto, aumenta el riesgo de que miles de empresas entren en un proceso de cierre, poniendo en riesgo no solo activos dados en garantía, sino el despido de miles de personas que dependen de esta actividad, la cadena de valor que afecta otros sectores y la sostenibilidad de un clúster estratégico que en su momento generó más de $4 mil millones en divisas y que es una fuente de estabilidad social y económica del país”, manifestó, Rubén Acón, presidente de Canatur.

Para Canatur, el proyecto debe aclarar que el Fondo no solo es para financiar, sino también para reestructurar créditos vigentes, para personas o empresas afectadas por el covid-19, primordialmente en sectores estratégicos afectados como el turismo y transportes, que atraviesan por un problema de liquidez temporal a raíz de la crisis, y no de solvencia.

Para ello, dichas empresas o personas deberán demostrar que antes del covid-19 tenían una satisfactoria calificación en la Central de Información de Deudores (CIC) de la SUGEF, con base en su morosidad histórica y capacidad de pago de ese momento.

En ese sentido, debe aclararse que los avales del Fondo vienen a complementar las garantías existentes, no a sustituirlas; con el compromiso de los intermediarios de mejorar las condiciones de plazo, cuota, tasas de interés y costos en general de los créditos vigentes; y de las empresas beneficiarias en mantener el nivel de empleo en el momento en que reciben el beneficio del aval.

Canatur, también, considera que la conformación del Consejo Rector está recargada en funcionarios públicos (tres ministerios) y solo dos miembros externos; pero que son nombrados por el mismo Poder Ejecutivo. Esto le da un gran riesgo de politización al Fondo, el cual debe tener un Consejo Rector con miembros profesionales con total independencia, y con reconocida experiencia en materia bancaria y financiera. Nuestra solicitud es que los miembros externos deben ser propuestos por la UCCAEP.

Para que el Fondo funcione y atraiga el apetito de los intermediarios a participar, como se estila en un esquema de primeras pérdidas o pérdida esperada, se avala hasta un máximo equivalente a dicha pérdida esperada por grupo de riesgo homogéneo propuesto por cada intermediario, pero no castigando en demasía para cubrir solo el 70% de la pérdida como está en el texto. Recuérdese que los intermediarios están asumiendo ya el riesgo de toda la cartera de crédito que está en riesgo y que el Fondo solo viene a paliar parte de dicho riesgo, que es una pérdida esperada teórica.

Proponer un aval del 60% o 70% de las operaciones individuales atrasadas, es quitarle efectividad y atractivo al Fondo, con lo cual, en la práctica se corre el riesgo de que se apruebe la ley, pero que nunca funcione, que es lo que realmente interesa.

En tiempos normales, se estila avalar hasta el 80% del saldo de las operaciones de crédito después de cierta cantidad de meses de atraso. Así lo establece la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.

Proponer que el Fondo se constituya en colones o que los recursos deben aportarse al Fondo por tractos en 5 años, es proponer una figura que en la práctica no funcione. La propuesta es que los $300 millones del crédito con el BCIE, préstamo 2252, deben ingresar íntegros al patrimonio del fideicomiso desde el inicio y con estos recursos, adquirir certificados de depósito de los bancos del Estado, a cambio de promover créditos para capital de trabajo o inversiones, con lo cual hay un primer impacto de recursos frescos de hasta $ 550 millones por el multiplicador bancario del sistema.

También es urgente poner un plazo máximo para la presentación de las pérdidas esperadas por riesgo homogéneo por parte de las entidades financieras, así como el plan de colocación de los avales. Se sugiere que no sea más de 30 días después de publicada la ley y que el fondo tenga hasta 15 días para aprobar los avales.

Finalmente, se debe agregar un nuevo artículo para que los honorarios legales se reduzcan en un 90% y que los costos de registro, timbres, impuestos de traspaso y otros ligados con esta cartera avalada se reduzcan a cero para facilitar la formalización de nuevos créditos o reestructuraciones.


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