crédito de foto: blogs.iadb.org
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  • El sistema promueve modalidades que combinan el entorno familiar con el uso de la tecnología, integra prestaciones existentes y amplía oferta con servicios de teleasistencia y domiciliares, así como apoyos para personas cuidadoras.

Ayer miércoles, se firmó el decreto 42878-MP-MDHIS que oficializa la “Política Nacional de Cuidados 2021-2031”, bajo el nombre Teresita Aguilar Mirambell, que busca implementar progresivamente un sistema de atención a las personas con alguna situación de dependencia.

La firma del decreto se realizó en el marco del Consejo Presidencial Social este miércoles, y lo sancionaron el mandatario Alvarado, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez.

Esta iniciativa pública está diseñada para ofrecer bienestar a personas adultas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas que necesitan apoyos y cuidados para realizar sus actividades diarias, así como ampliar la cobertura de prestaciones ya existentes y sumar nuevas modalidades de cuidados que combinan el entorno familiar y el uso de la tecnología. 

Servicios como la teleasistencia, atención en el domicilio, centros diurnos, residencias de larga estancia y la Red de Cuido de Personas Mayores, llevarán bienestar a las personas que requieren cuidados y a sus familias. Asimismo, se trata de evitar la institucionalización de esta población, poniendo énfasis en servicios de base domiciliar que posibiliten a las personas en situación de dependencia permanecer en su hogar la mayor cantidad de tiempo.

“Este paso reitera el interés de esta administración en realizar política pública responsable según las necesidades culturales y demográficas de nuestro país. Este es un avance significativo para reivindicar a las poblaciones históricamente invisibilizadas, ya que permite ejecutar acciones que mejoren de una forma articulada e integral su situación y la de sus cuidadores”, afirmó el presidente Alvarado.

Agregó que la iniciativa trabaja desde una perspectiva de futuro, para prever y prevenir situaciones en vez de esperar a que éstas se den para actuar. “Costa Rica ha evolucionado y debe prepararse para responder a los retos poblacionales”.

Metas. La población objetivo de esta Política son las personas de todas las edades que tienen una dificultad permanente o prolongada para realizar al menos una de sus actividades básicas de la vida diaria sin apoyos, así como las personas cuidadoras que trabajan de forma remunerada o no, que tendrán acceso a servicios de respiro al cuidado y prevención del “burnout” o fatiga extrema.

La articulación de ese sistema de apoyo a los cuidados y el aumento de su cobertura se hará de forma gradual. La meta de atención al 2031 es cubrir al 56% del total de personas en situación de dependencia. Esa cobertura incluye el 89% de personas dependientes graves y moderadas. La inversión necesaria para ello es cercana a 0,4% del PIB, cubierto en parte por presupuestos institucionales ya existentes.

Asimismo, la Política incorpora líneas de trabajo para garantizar la adecuada calidad y oportunidad en las prestaciones brindadas, así como ampliar opciones de capacitación, cualificación y atención de personas que se emplean en esos servicios de cuidados.

“Costa Rica sigue ampliando su sistema de protección social para mejora la calidad de vida de las familias y evitar el costo que hoy la sociedad asume indirectamente ante la falta de servicios articulados de cuidados. La carencia de sistemas de apoyo disminuye la posibilidad de la persona cuidadora de participar en el mercado laboral formal y también aumenta los costos para el sistema de salud”, afirmó Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS.

Los cuidados son realizados en un 90% de los casos de forma no remunerada en el entorno familiar, donde 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Además, al 2050, se estima que la demanda de cuidados será 4 veces mayor que la actual. Por tanto, entendiendo los cuidados como un derecho social, se apuesta por una respuesta institucional a los retos sociales, económicos y demográficos actuales y futuros.

Se estima que en Costa Rica hay cerca de 280 mil personas en situación de dependencia, es decir, que tienen dificultades y requieren de apoyo de otra persona para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. De ellas, más de la mitad son mayores de 65 años.

Según el viceministro de Desarrollo Humano, Francisco Delgado, “con la implementación de esta Política, se busca que se reconozca el valor las actividades de cuidado y que se convierten en una responsabilidad compartida entre Estado, familias, comunidades y empresas”.

Desde el punto de vista de la gestión de los cuidados y apoyos, esta política apuesta por las alianzas público-privadas, y se sustenta en un enfoque de corresponsabilidad social de los cuidados y apoyos.

El Sistema está integrado por 10 instituciones públicas que articularán esfuerzos y recursos en torno a la rectoría del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, con el acompañamiento técnico del IMAS.

Política trascendental para el país

Epsy Campbell, vicepresidenta de la República y coordinadora de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) en Costa Rica. "Antes de la pandemia por COVID-19 ya vivía el mundo una crisis de los cuidados, que significaba uno de los principales obstáculos para la participación igualitaria de las mujeres en la economía. Por ello es que con acciones concretas y dedicadas como las que anunciamos hoy colocamos el tema como un asunto público, colectivo y de primera importancia para el desarrollo económico y social del país. Posicionar los cuidados como inversión social y como parte de la respuesta transversal a la crisis es una apuesta al crecimiento económico del presente y del futuro, para consolidar una sociedad más igualitaria, inclusiva y próspera".

Marvin Rodríguez, vicepresidente de la República y articulador político en la atención de personas adultas mayores. “Disponer de una política de cuidados y apoyos a largo plazo para poblaciones en situación de dependencia, no solo es un deber como Estado en reconocimiento de sus derechos humanos, sino también permite el cierre de brechas, la articulación institucional y un uso eficiente de los recursos, ofreciendo servicios innovadores centrados en la persona, acorde con las demandas sociales crecientes.  Mi agradecimiento profundo al BID, al Ministerio de Desarrollo Humano y a las instituciones que participaron activamente en su construcción. Los desafíos y retos son muchos, pero lo importante es que vamos en la ruta correcta para que nadie se quede atrás”.

“El trabajo no remunerado y del cuidado ha sido históricamente asignado a las mujeres; sin embargo, como sociedad olvidamos que cuidar a otras personas no solo es un aporte al desarrollo de las economías de los países; sino también una tarea pendiente por resolver a favor de la autonomía económica de las mujeres. Es por esto que, para revertir esa situación, desde el INAMU se ha impulsado la incorporación de la perspectiva de corresponsabilidad social de los cuidados en la sociedad civil, en el Estado, la familia, los gobiernos locales y la empresa privada, tratando de posesionar el cuidado como un derecho de todas las personas a ser cuidadas y que se nos reconozca un pago por hacerlo”. Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU.


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