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  • Partidos políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, sector municipal, sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles, solidaristas y comunalistas unen su voz por la iniciativa. 

Obstáculos para alcanzar democracia paritaria siguen presentes

Más de 600 mujeres lideresas de distintos partidos políticos lanzaron un llamado urgente a las diputadas y diputados para que aprueben con prontitud el proyecto de Ley 20.308 “Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política”.

“El proyecto sanciona específicamente la violencia contra las mujeres que participan de la arena política, circunstancia que obstaculiza las participación de ellas en puestos de toma de decisiones llegando incluso a truncar sus carreras. Del 2013 al 2017, por ejemplo, se presentaron 590 amparos electorales por parte de autoridades locales señalando actos violentos en contra de sus funciones asignadas”, mencionó Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU.

El pronunciamiento que recoge las firmas fue articulado en el seno del espacio que tiene el INAMU con el Frente de Mujeres de los Partidos Políticos, integrando voces y demandas colectivas de muchas mujeres que han vivido este tipo de violencia.

“Es un proyecto que fue ampliamente consultado que contó con más de 100 respuestas y que finalmente alcanzó una madurez, con un aporte valiosísimo dentro de los cuales destacó la incorporación del delito de violencia política contra la mujer y cuya sanción escala hasta la pérdida de puesto de quienes incurran en este”, dijo Carlina Delgado, del Frente de Mujeres de los Partidos Políticos, instancia autónoma de representación de género de estas organizaciones, cuyas participantes ostentan la representación oficial.

Tal como lo expresan las voces diversas en el pronunciamiento: “En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria y a poco más de siete décadas de alcanzar el sufragio femenino, el país tiene oportunidad para robustecer su democracia paritaria, con múltiples acciones políticas y entre estas la aprobación de una iniciativa de ley pendiente, que reconoce la violencia contra las mujeres, por razones de género, como un contínuum y que esa violencia afecta, también, el ejercicio de nuestros derechos políticos, pero que es posible, prevenirla y erradicarla”.

El proyecto fue recientemente dictaminado en la Comisión Permanente Especial de la Mujer de manera unánime y cuenta con el apoyo de representantes de los distintos partidos políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, municipalistas, cooperativas, asociaciones civiles, solidaristas y comunalistas.

“El proyecto define qué es y qué no es violencia política, tutela la participación política sustantiva para las mujeres afiliadas o que participan en estructuras de partidos políticos, cargos de elección popular, cargos en organizaciones sociales, en la función pública y como precandidatas”, finalizó Guerrero.

Proyecto 20308

En el 2013 se presenta el Proyecto Ley 18.719 sobre acoso político y/o violencia política contra las mujeres. En 2017, el texto vuelve a la corriente legislativa como el Proyecto de Ley 20.308. Es en el 2021 cuando se amplía el periodo; se presenta un texto sustitutivo construido de forma colectiva y consultada y se dictamina de forma afirmativa y unánime en el mes de julio.

Esta iniciativa, además de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, describe, entre otros aspectos, qué se entiende por violencia política, establece procedimientos, así como las sanciones éticas, administrativas, políticas y electorales en concordancia con la naturaleza de la conducta que se sanciona.

En el ámbito internacional, Bolivia fue el primer país en aprobar una Ley de este tipo en el año 2012, además de la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres (2015) y la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (2017), ambas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (MESECVI) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)/ Organización de Estados Americanos (OEA).

 

 


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