El ministro de Ambiente y Energía (MINAE), Carlos Manuel Rodríguez, instó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), suspender por tres meses el trámite en los procedimientos y entrada en vigencia de cualquier aumento tarifario relacionado con los servicios públicos de suministro de energía eléctrica, transporte de combustibles y de GLP y suministro de combustibles derivados de hidrocarburos.

Mediante una nota enviada a la Junta Directiva de la ARESEP, el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), explicó que la medida busca no afectar económicamente a los usuarios ante la emergencia nacional que vive el país por el nuevo coronavirus covid-19, invitando al órgano a tomar las disposiciones pertinentes, de acuerdo con su normativa, a fin de mitigar los efectos perjudiciales a todos los sectores de consumo.

Rodríguez sugirió que la medida sea tomada por el plazo de tres meses, tomando en cuenta las revisiones oportunas que se realicen sobre la situación epidemiológica, con el apoyo técnico del Ministerio de Salud en caso de ser necesario.

Agregó que “estamos instando a la ARESEP a llevar a cabo los procedimientos tarifarios ordinarios o extraordinarios, relativos a los servicios públicos que le competen al MINAE cuando su resultado implique una rebaja tarifaria, con el fin de que ello impacte positivamente, y a la brevedad posible, a los usuarios de todos los sectores de consumo”.

En ese contexto, sugirió al órgano de esta autoridad establecer los mecanismos que correspondan para analizar las solicitudes de eventuales ajustes tarifarios, relacionados con los efectos en la economía y que afecten al sector residencial, industrial y comercial, y se valore distribuir dicho ajuste en un plazo prudencial, a fin de atenuar a el impacto en los usuarios, de manera posterior al período de atención de la emergencia sanitaria.

El ministro Rodríguez Echandí explicó que esta solicitud se realiza en vista al contexto actual que vive el país y a la demanda de tomar medidas extraordinarias que contribuyan a mitigar los impactos económicos al usuario final de los servicios públicos de suministro de energía eléctrica y de combustibles derivados de hidrocarburos y su transporte.

“El Estado debe promover la disminución de los efectos negativos de esta crisis, siendo una prioridad del gobierno de la República paliar la situación presentada y contribuir a la reactivación económica, evitando mermar la capacidad de pago de los usuarios”, concluyó.