La institución educativa tiene un pozo de agua en un terreno de su propiedad y debido a la emergencia nacional, declarada el 16 de marzo por las autoridades nacionales por el impacto del COVID-19, se busca abastecer a la zona del recurso hídrico.

Por medio del convenio, las partes establecen hacer uso del recurso hídrico; la junta administrativa se compromete a permitir el acceso a la propiedad y a colaborar con las necesidades de AyA, para la ejecución de la infraestructura del pozo.

El convenio se establece por cuatro años, prorrogables y el caudal por aprovechar es de 1l/s, es decir; unos 86.400 litros de agua al día.

Según datos del AyA, diariamente, una persona puede consumir de 150 a 200 litros, por lo que con este convenio se estaría abarcando a unas 500 personas.  
AyA se encargará de asegurar la potabilidad del agua, asumirá costos de inversión, reparación y mantenimiento.

Además, el convenio no podrá afectar el crecimiento que requiera a futuro el centro educativo.
Para la Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, la ayuda interinstitucional en estos momentos es fundamental para proveer necesidades básicas en las comunidades.