Recursos geotérmicos de áreas silvestres protegidas serían mejor aprovechados

Mediante un proyecto de ley, la diputada por Gua­nacaste, Aida María Montiel Héctor, pretende aprovechar los recursos geotérmicos ubicados en las áreas silvestres protegidas de la región Chorotega, y así abastecer los faltantes existentes en la zona.

Esta iniciativa bajo el expediente 21.244 tiene como pro­pósito, autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que sea el ente encargado de investigar, explo­rar, explotar y aprovechar dichos recursos, sin tener la ne­cesidad de contar con los permisos o concesiones requeri­dos por el Estado.

El tema de aprovechamiento de los recursos naturales ha sido declarado de interés público bajo la Ley 5961, desde el año 1976. Sin embargo, existen oposiciones legales que im­piden la extracción absoluta en áreas silvestres protegidas.

Dicha limitante es el aspecto principal que busca resolver el Proyecto de Ley, el cual acota de forma textual: “Pese a que existe un potencial importante de generación de electri­cidad con energía geotérmica, que es una energía limpia y por tanto una muy conveniente e importante alternativa a la generación con hidrocarburos - caros y contaminantes -, no se puede explotar dicha energía, porque los sitios más ade­cuados se encuentran dentro de parques nacionales, donde se prohíbe la explotación de los recursos naturales”.

A pesar de lo establecido, para la legisladora existen otras alternativas que permiten la desafectación de las zonas aprovechables para la explotación.

¿Cómo trabajaría el Proyecto?

Según la legisladora, lo que se pretende es reformar artí­culos a la Ley N.° 9590 para el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado, y leyes con materias similares como la Ley Forestal N.° 7575, con el fin de in­cluir la posibilidad de explotación racional y excepcional de los recursos existentes propios del país.

Inicialmente se establecerían prioridades de bienestar en función del equilibrio de la ecología y desarrollo. Según Montiel, la utilización de los recursos naturales no origina un problema, siempre y cuando no se apliquen prácticas abusivas en su explotación, lo que permitiría una regenera­ción necesaria para mantener el equilibrio natural.

Por ejemplo, el posible aprovechamiento del vapor de agua de los Parques Nacionales del país, utilizado para la pro­ducción de energía, mantendría el equilibrio del ecosiste­ma, siempre y cuando se base en los principios e indica­ dores ambientales que regulen una exploración racional y permita revertir el proceso.

En cuanto al aprovechamiento del agua y recursos geotér­micos, se harían cambios al artículo 18 de la Ley 7575, para que beneficien el abastecimiento y aprovechamiento de las poblaciones.

Tal y como lo indica la diputada en el expediente, para este caso “los estudios técnicos que se realicen, deberán demos­trar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población be­neficiaria en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídri­co, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

Sobre este tema, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) podría autorizar el aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales, la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras de sistemas de abastecimiento de agua y además tendría en sus manos brindar la respectiva autorización para que el ICE inves­tigue, explore, explote y aproveche el recurso geotérmico dentro de los límites de las áreas silvestres protegidas, tales como en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, el Parque Nacional Guanacaste, el Parque Nacional Volcán Tenorio y el Parque Nacional Volcán Arenal.

“El ICE deberá coordinar con el área de conservación res­pectiva la adecuación del proyecto con el manejo y conser­vación del área silvestre protegida, bajo criterios de uso y desarrollo sostenible”.

Para Montiel, todas las obras que se pretenden legalizar, be­neficiarían a la provincia guanacasteca, siempre y cuando se cumplan con los estudios técnicos que procuren el menor impacto ambiental en la región.