Nueve cámaras de turismo, 11 municipalidades guanacastecas y más de 25 asociaciones de pescadores del sector artesanal y turístico de Costa Rica se oponen rotundamente a la aprobación, en segundo debate, del expediente legislativo N°21.478: “Proyecto de Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón”.

Con la aprobación de este proyecto, se reactivaría la pesca de arrastre una técnica que utiliza redes de grandes dimensiones para “barrer” el fondo marino y capturar camarones; sin embargo, también recolecta otras especies que no son el objetivo como peces pequeños (juveniles), tiburones, tortugas, rayas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados.

El sector turístico alega que la reactivación de la pesca de arrastre perjudica sus respectivas actividades. “Esta no es una actividad sostenible, pues al raspar el fondo marino hay remoción de sedimentos lo que provoca turbiedad en el agua y afecta directamente los sitios para practicar buceo y snorkeling. También produce daños en los ecosistemas de peces que son fuente de alimento para especies de interés turístico como los delfines. El arrastre también captura especies que no son el objetivo de la flota camaronera pero que sí son de interés para el desarrollo de la pesca deportiva”, declaró César Gallardo, directivo de la Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA).

De acuerdo con los representantes de este sector, también se contabilizan posibles impactos en actividades de avistamiento de aves, las cuales se alimentan de peces cuyos ecosistemas son afectados por esta práctica.

Al llamado del sector turístico, se suman 11 municipios que integran la Federación de Municipalidades de Guanacaste (Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, La Cruz, Hojancha, Nandayure, Nicoya, Liberia, Santa Cruz y Tilarán), así como las intendencias de Colorado de Abangares y Lepanto de Puntarenas, quienes manifestaron su oposición al proyecto en respaldo a varios pronunciamientos planteados por 25 organizaciones pesqueras de las comunidades de la costa Pacífica del país.

“Sabemos que la situación que viven miles de familias del sector pesquero se ha agravado a raíz de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la cual ha provocado el decrecimiento de la actividad pesquera a causa de las restricciones comerciales y la baja en el turismo. Esto ha ocasionado una importante disminución en los precios de sus productos y ha generado mayores dificultades para su comercialización. La posible reactivación de la pesca de arrastre, sumada a la difícil situación socioeconómica generada por la pandemia, expondría a miles de familias de nuestras comunidades a una situación de pobreza y desigualdad sumamente crítica”, declaró el alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias.

Vulnerabilidad económica. Las redes utilizadas para la pesca de arrastre y sus portones destruyen a su paso el fondo marino. Miles de toneladas de especies que no son el objetivo de la pesca y quedan atrapadas en las redes son posteriormente descartadas y arrojadas de nuevo al mar, ya muertas o con pocas posibilidades de supervivencia.

La principal preocupación de los pescadores artesanales ante la eventual reactivación de la pesca de arrastre es la posición de desventaja en que quedan estos trabajadores del mar.  “El sector industrial y semi-industrial camaronero logra barrer más longitud de los suelos marinos y además de camarones, capturan otras especies como dorado y pargo que son de interés comercial para los pescadores artesanales y nuestras familias. Además, al no existir regulación en temas de precio justo en el sector pesquero, ellos logran colocar sus productos más baratos y nos deja en desventaja en el mercado”, declaró Edwin Murillo, representante de la Cámara de Pescadores de Guanacaste.

El evidente deterioro de la calidad de vida de los habitantes del cantón central de Puntarenas se atribuye principalmente a otras causas distintas al cese de la pesca de arrastre. Desde hace 20 años, todos los sectores productivos en Puntarenas han sufrido una contracción significativa.

A partir del año 2001, el número de empresas oficialmente inscritas en los sectores con mayor capacidad de generación de empleo y dinamismo económico, tales como construcción, agrícola, industria, manufactura, turismo, comercio, servicios y transporte, han sufrido una reducción sostenida. La situación empeoró en el año 2006 con el cierre de la única zona franca en la zona. La pobreza, en general, ha pasado del 22.8% en 1995 al 29.9% en el 2017.

Llamado a las autoridades. Tanto las cámaras de turismo, los gobiernos locales y el sector pesquero artesanal dirigen su mensaje de alerta a los diputados de la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República.

“Lamentamos profundamente la decisión tomada por la mayoría de los magistrados de la Sala IV en la sentencia 2020-13837, que da luz verde a la Asamblea Legislativa para reinstaurar este dañino arte de pesca. Se está ignorando la posición que dicha Sala mantuvo sobre este tema hace siete años, cuando se concluyó con claridad que la pesca de arrastre es perjudicial para el ambiente y para la economía de las comunidades costeras”, declararon en un manifiesto representantes de 25 asociaciones del sector pesquero artesanal de Guanacaste y Puntarenas.

En el 2013, la Sala IV declaró inconstitucional la pesca de arrastre y prohibió la renovación y la emisión de nuevas licencias, por violaciones de los instrumentos internacionales y la normativa vigente (Resolución 2013-10540), hasta contar con estudios que determinarán el estado de la biomasa (cantidad de camarón disponible en el mar); el impacto ambiental sobre el ecosistema, la sustentabilidad de la pesca y su afectación a otros sectores como pescadores artesanales y turísticos.

En el 2018, la Sala declaró inconstitucional el trámite del proyecto de ley 18.968 por no contar con los estudios técnico científicos previos que resolvieran las cuestiones señaladas en la sentencia de 2013. (Resolución 07978 – 2018).

Ese mismo año, por medio de la Resolución 14168-2018 la Sala Constitucional ordenó al INCOPESCA realizar, en un plazo de 6 meses, estudios de carácter técnico científico en coordinación con el MINAE, la academia y otras entidades para demostrar una reducción significativa de la fauna de acompañamiento. 

Un breve e incompleto estudio, sin la participación de la comunidad académica del país, generó resultados parciales que han sido señalados como insuficientes por parte de las instancias académicas expertas del país y cuestionados por organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia; sin embargo, este mismo estudio es el que sirve de fundamento al proyecto de ley 21478.

En visita realizada a Puntarenas el pasado 30 de setiembre, el Presidente de la República, Carlos Alvarado manifestó estar a la espera de la sentencia completa de la Sala IV y a la decisión de los diputados en segundo debate.