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Foto Ilustrativa

El último informe del índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de la República revela que entre las oportunidades de mejora de los municipios de Guanacaste (que incluye los 11 cantones) está la ejecución de los planes reguladores de ordenamiento territorial (los cuales carecen), tema que han venido arrastrando por años.

Así lo enfatizó William Alvarado, Diputado del PUSC que preside la Comisión legislativa de Asuntos Municipales quien ratifica que no es sólo un problema para Guanacaste, sino a nivel nacional y lo acredita  en primer lugar a la falta de puesta de acuerdo a nivel de la comunidad para poder definir el tema del ordenamiento territorial, tomando en consideración que dentro de esto se incluye aspectos que regulan la propiedad, relacionados con limitaciones, con densidad, y otros no menos importantes. En segundo lugar, actualmente los planes reguladores de ordenamiento territorial, requieren de una serie de estudios técnicos que requieren de una inversión importante y que además tienen que tramitarse en las diferentes instituciones, sobre todo en las relacionadas con el tema ambiental. En tercer lugar, a la dificultad que tienen las municipalidades para que dichos planes o proyectos sean aprobados por las instituciones correspondientes, ya sea SETENA, INVU, SENARA, etc.

Según la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 2040, es la expresión espacial de las políticas sociales, ambientales y económicas. Es también un ejercicio administrativo y una política de Estado, basada en la toma de decisiones coordinadas y articuladas, con el fin de garantizar un desarrollo adecuado de los asentamientos humanos, la gestión integral de los recursos naturales y el desarrollo económico en el territorio.

La Ley Orgánica del Ambiente, en su Artículo VI, puntualiza la importancia del ordenamiento del territorio en el alcance de los siguientes fines: ubicar de forma óptima, dentro del territorio nacional, las actividades productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento.  Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente, equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país, promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada en la elaboración y aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades.

“Es un tema importante e incluso el Estado ha realizado inversiones a través de MIDEPLAN para la realización de estudios, pero por ejemplo instituciones como SETENA o SENARA cuentan con una gran cantidad de mejoras o reformas a los planes reguladores que todavía no han aprobado. Hay municipalidades que duran hasta diez años solo en una modificación” dijo Alvarado.

Agregó “Me parece que el primer problema  aunque entiendo el tema de la protección ambiental, es el exceso de la tramitología y la articulación en este sentido. Por ejemplo, Puntarenas era uno de los lugares con mayor visitación, mucho de eso disminuyó por el desarrollo urbano desordenado, sin sistemas de tratamiento de las aguas, negativamente. Guanacaste podría incurrir en este riesgo si no se establecen mecanismos de ordenamiento. No se requieren de planes perfectos, me parece que se pueden ir perfeccionando, de lo contrario no se avanza”.  

Ya existiendo un plan regulador de partida, se puede ubicar las zonas de protección por ejemplo de los mantos acuíferos, de reservas, de desarrollo urbano, turístico, etc.  La implementación de estos planes, se dificulta por las regulaciones que existen entre dichas instituciones.

“El Gobierno había hecho un intento a través de un reglamento para que se agilizara el proceso de aprobación de los planes reguladores, recurrió ante la Sala Constitucional y no ha salido la resolución por lo que este decreto no se puede utilizar. Tiene alrededor de tres años. Los cantones que tienen áreas turísticas importantes son los primeros que deben de estar en la aprobación de estos planes reguladores, como lo es Guanacaste”, aseguró Alvarado.

A nivel nacional se tiene más de 10 años que no se avanza en este tema como se debería.

Informe actual de SETENA

Según datos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), hasta febrero del 2018 los 11 cantones de Guanacaste, tienen al menos, una gestión registrada ante esta institución, en aras de obtener viabilidad ambiental de sus planes reguladores.

Se han registrado trámites ante SETENA, para 25 sectores de esta provincia (11 cantonales y 14 de zona marítimo terrestre). “En cuanto al estado actual, hay un sector en trámite de su viabilidad ambiental, tres ya poseen dicha viabilidad ambiental, y a 21 sectores no se les otorgó”, indica Marco Arroyo, Secretario General de SETENA.

Agregó “Para estos 25 sectores que se han tramitado, el financiamiento de los estudios técnicos, se puede agrupar de la siguiente manera: Proyecto BID-Catastro: financió 14 de los casos (11 cantonales, tres de Zona Marítima Terrestre (ZMT).  De estos 14, uno posee viabilidad ambiental, otro se encuentra en trámite, los restantes 12 no se les otorgó”.

Por su parte, el ICT financió cuatro de los casos (todos de ZMT), de estos, uno posee viabilidad ambiental, los otros tres fueron archivados por incumplimiento de plazos de parte del proponente (esto ocurrió en los años 2010, 2012 y 2017). Por otro lado, los municipios  financiaron directamente  otros cuatro  casos (todos de ZMT), uno posee viabilidad ambiental y los otros tres  no (dos se archivaron a solicitud del mismo proponente en el 2014, uno por incumplimiento de plazos en el 2013).

Y en cuanto al financiamiento en privado de tres casos (todos de ZMT) a todos se les denegó la viabilidad ambiental por falta de legitimación activa (archivados en los años 2010 y 2011).

Posición de las Municipalidades

En el caso del municipio de Carrillo sólo se cuenta con el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre (uno del 2012 y otro del 2016, esté último tardó casi ocho años para lograr procesarlo), pero está pendiente el plan cantonal.

Jorge Díaz, Jefe de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Carrillo, quien ha participado de los procesos de planificación manifestó que en un momento hubo un proceso regional con todas las municipalidades de la provincia, sin embargo, hubo trabas a nivel institucional y el proceso no lo pudo coordinar ningún municipio, en lo que se refiere a planes urbanos.

“La tramitología es compleja, el nivel de análisis es cautivo y hay constantes cambios en las  regulaciones. Un tema complicado, no hay un marco jurídico concreto en el que las municipalidades puedan guiarse para trabajar”, indicó Díaz. 

Añadió “Muchas municipalidades no ven la importancia de contar con un plan regulador. He escuchado entre los políticos que un plan regulador complica más, porque es otro trámite más, y otro reglamento más. La sensación es que en vez de ayudar y potenciar el desarrollo del cantón, más bien se ve como un instrumento que atrasa a la comunidad”.

La Municipalidad de Carrillo ejecutará para este año, ¢144 millones aproximadamente en la implementación de obras de su Plan Regulador de la Zona Marítima Terrestre. Entre las obras:   infraestructuras básicas como drenajes de aguas pluviales, vías de comunicación inexistentes, áreas para peatones, entre otras.

Por otro lado, Josué Ruiz Guerrero, Ingeniero en Construcción y Coordinador del Departamento de Control Constructivo y Obra Pública de la Municipalidad de Nicoya manifestó que carecer de un plan regulador no acredita el impedimento de avanzar en la planificación de ordenamiento territorial.

“Pese a que el plan regulador sea la herramienta legal para ordenar un territorio, no quiere decir que se está con las manos amarradas, porque siempre se avanza en las obras de planificación territorial”, expresó Ruiz.

Añadió “Desde la Municipalidad de Nicoya sí se ha estado fortaleciendo en ordenamiento territorial, en los últimos cinco años más que todo la parte técnica. Por ejemplo, Nicoya tiene un avance importante bien definido en el mapa a la vulnerabilidad a la contaminación por parte de SENARA, del manto Potrero-Caimital el más importante del cantón. También mapas de vulnerabilidad de la cuenca  Mala Noche en Torito de Sámara, y otros”.

Trabajan en la modificación del Plan regulador de Nicoya Centro, que se tiene disponible desde 1983, pero que ya no cumple con los requisitos, corresponde a un mapa desactualizado.

“En 1983 lo planteó el INVU, con zonas institucionales que ahora presentan inconsistencia porque ahora son terrenos con casas de habitación. Se están definiendo las zonas para comenzar a trabajar”, aseguró Ruiz.

Para este periodo del 2018, se cuenta con un presupuesto para el avance de los planes reguladores de  ¢40 millones.  La  semana del 26 de febrero se establecerá  la línea de ejecución. 

Colabora en la nota Melissa Solís, periodista de Periódico Mensaje


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