- Municipalidad duda que pueda cumplir con cláusula de contrato que exige entregar 2 500 toneladas diarias de desechos a empresa privada
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) confirmó que el proyecto para construir una planta de tratamiento de residuos en el cantón de Abangares carece de un expediente formal en esa dependencia adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Mediante un correo electrónico enviado el pasado 4 de octubre (2:20 p.m.) el Departamento de Comunicación Institucional del MINAE indicó que: “de acuerdo con la búsqueda a detalle en el cantón de Abangares, Guanacaste, no tenemos registrado ningún expediente en gestión con el nombre: “Planta Procesadora de Residuos Sólidos”.
El 17 de diciembre del 2019 la entonces Alcaldesa de Abangares, Anabel Matarrita y Cornel Alvarado, Presidente de UpCycle Solutions, firmaron un convenio que obliga a ese gobierno local a entregarle a la empresa 2 500 toneladas diarias de residuos para generar energía eléctrica. Posteriormente, el 2 de agosto del 2024 el actual Alcalde, Javier Bogantes, rubricó un adendum a ese documento.
Sin embargo, cinco años después el proyecto permanece únicamente en el papel sin una petición formal de la viabilidad ambiental ante la SETENA tramite que implica presentar una serie de estudios, entre ellos, un análisis completo del impacto ambiental de la obra.
Además, mediante un Oficio OAM-0653-2024 del pasado 2 de octubre de octubre, Bogantes reconoció que tampoco se han iniciado gestiones formales ante el municipio.
“En vista de que aún no se ha concretado la compra de terrenos para la instalación de dicha planta por parte de la empresa UPCYCLE SOLUTION S.A, no se ha tramitado ante este gobierno local el uso de suelo” confirmó Bogantes por escrito.
Falta de requisitos
Alvaro Sagot, abogado especialista en Derecho Ambiental, indicó que: “es muy delicado firmar un contrato donde haya una vinculación obligatoria para ambas partes sin antes tener una licencia ambiental, me parece que debe existir una cláusula en ese contrato que hizo la Municipalidad con la empresa señalando que en caso de no obtenerse la licencia ambiental u otros actos habilitadores de parte de otras instituciones, se daba por no cumplidos los requisitos y; por lo tanto, hay un incumplimiento grave por parte de la empresa que impide hacer efectivo el contrato para desarrollar el proyecto”.
“Todo eso antes dicho se fundamenta en el Principio Precautorio donde la licencia ambiental debe ir por delante, firmar un contrato dando por entendido que la licencia ambiental se va a aprobar es altamente riesgoso porque la misma podría ser rechazada”, añadió el experto.
La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos establece que para solicitar una Viabilidad Ambiental ante SETENA se debe presentar un estudio de impacto ambiental que incluso debe contemplar una audiencia pública; además, es necesario entregar otros estudios arqueológicos, hidrogeológicos, de geología, de fallas tectónicas, suelos, recursos forestales y biodiversidad, entre otros requisitos.
“Será la SETENA con base en cada proyecto la que puede ampliar cuáles otros estudios tienen que complementarse, eso es relativo, pero proyectos como este de Abangares que se consideran de una gran magnitud, sin pensarlo mucho de acuerdo con la Ley es obligatorio un estudio de impacto ambiental”, afirmó Sagot.
El acuerdo establecido entre la empresa y la Municipalidad obliga al gobierno local a pagarle a la compañía $34 USD (¢17 442 al tipo de cambio actual) por cada una de las 2 500 toneladas métricas diarias de residuos que recibiría la planta.
No obstante, en el mencionado Oficio el Alcalde Bogantes puso en duda que el gobierno local pueda cumplir con la entrega de esa gran cantidad -establecida en el convenio- de desechos porque “la Municipalidad debe valorar y realizar un análisis profundo, para ver si es factible o no, el cumplir con dicha cláusula”.
