Habitantes cansados de soportar ruidos que afectan salud y alteran tranquilidad
La contaminación sónica es uno de los motivos de denuncia que recibe la Defensoría de los Habitantes cuando no hay una solución oportuna por parte del Ministerio de Salud y, representa un problema grave que afecta el derecho a la salud de las personas y lesiona también su derecho a un ambiente sano, llegando incluso a afectar la tranquilidad. Puede, además, violentar el derecho al descanso de personas y familias, con las consecuencias que conlleva la alteración del sueño por periodos prolongados.
En el año 2023, datos de la Defensoría de los Habitantes señalan que a octubre se recibieron 111 casos, de los cuales el mayor porcentaje en San José, Alajuela, Puntarenas y Guanacaste.
El ruido es una perturbación del ambiente que constituye una de las principales amenazas a la calidad de la vida de las personas, dado que puede disminuir la eficiencia del trabajo e incrementar la tensión en las personas afectadas.
Uno de los puntos en los que la Defensoría de los Habitantes ha insistido a lo largo de estos años es la necesidad de que se modifique la normativa reglamentaria vigente para respetar lo señalado por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la Defensoría ha emitido múltiples recomendaciones pidiendo la modificación del reglamento.
Actualmente, el Ministerio de Salud se encuentra en proceso de revisión de las observaciones a un proyecto de modificación de la normativa el cual respeta los parámetros de ruido recomendados por la OMS y, por lo tanto, se está proponiendo el parámetro permitido en horario nocturno de 40 dB, lo cual esta institución ha solicitado desde que se cambió el límite en el año 2000, lo que es considerado como un logro. Sin embargo, la normativa tiene otros aspectos que deben ser mejorados y un ejemplo de ello, es que se considera necesario incluir un artículo sobre el control de ruido generado en construcciones, tal y como se encuentra, actualmente, en la normativa vigente, artículo 19.
En ese sentido, la Defensoría remitió a las autoridades del Ministerio de Salud un informe técnico que plantea observaciones específicas a la normativa, con miras a que el país cumpla con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley General de Salud y para tener un mayor control de la contaminación por ruido en el país.