La Junta Directiva de la Junta de Protección Social aprobó un presupuesto de ₡1.400.000.000 para las organizaciones sociales que atienden personas adultas mayores que presenten casos diagnosticados con COVID-19 en los Hogares de Larga Estancia.

El objetivo es contribuir en la atención de los gastos extras que implica la atención de personas infectadas por la enfermedad, tanto en lo que es equipos de protección para el personal que los atienden, como el pago de personal especializado, de acuerdo con lo regulado por el Ministerio de Salud.

Los recursos son producto de las utilidades de la venta de lotería según la establece la Ley N°8.718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” en el artículo 8; que destina un 1% para la autonomía de las personas adultas mayores.

La Junta de Protección Social financia a 75 Hogares de Larga Estancia en todo el territorio nacional, estos hogares dan apoyo integral a más de 2.641 personas adultas mayores de estas 1.079 son mujeres y 1.585 hombres.

Según CONAPAM, ente rector en materia de atención de personas adultas mayores, el costo estimado para la atención mensual de una persona adulta mayor con COVID-19 es de aproximadamente ₡1.300.000.

“La Junta de Protección Social comprende necesidades extraordinarias que enfrentan las personas adultas mayores, y las organizaciones que cuidan de ellas, en medio de una pandemia que ha flagelado no solo a los sectores más vulnerables sino a todo un país. Desde el seno de la Junta Directiva queremos mostrar nuestro compromiso al esfuerzo interinstitucional que se realiza por proteger a nuestra población adulta mayor, que es uno de los sectores con mayor riego ante la COVID-19”, destaca Esmeralda Britton González, presidenta ejecutiva de la JPS.

Para Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social “No bajaremos la guardia para garantizar la continuidad de los servicios residenciales de los que dependen tantas personas adultas mayores en el país. Las instituciones, unidas en la Mesa Técnica de Protección Social, trabajamos para proteger a las poblaciones más vulnerables, y el aporte de la Junta es vital para atender los costos crecientes de atención provocados por la pandemia COVID-19”.

El presupuesto extraordinario del que se desprenden estos recursos se encuentra en trámite de aprobación en la Controlaría General de la República.