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Regionales


 

 En el Pacífico Norte de Costa Rica, reconocido por sus insignes paisajes y playas que atraen a miles de turistas al año, así como por sus grandes extensiones de tierra ideales para la cría de ganado y cultivo de granos que lo catalogan como "la pampa" o "la bajura” se encuentra la provincia de Guanacaste.

Una de las zonas con más potencial de productividad y competitividad del país, pero también de las más afectadas por los efectos del cambio climático como la aridez y escasez de agua, tanto para consumo humano y riego, como para el desarrollo inmobiliario y turístico.

Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha ejecutado en los últimos años tres importantes proyectos de mejora y ampliación de acueductos en algunos de los cantones más poblados como lo son Nicoya, Bagaces y Liberia, los cuales benefician actualmente a más 55,000 personas con el acceso al recurso hídrico ininterrumpido y potable en sus hogares y negocios.

En esta misma línea, el BCIE aprobó uno de los financiamientos más altos en su historia para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras: “Agua para la Bajura”, que consiste en la construcción de estructuras hidráulicas, civiles y mecánicas para la generación y proporción de agua para riego, agua para consumo humano y para la futura generación de energía en la región Chorotega en beneficio de más de 700,000 personas.

También, desde hace varios años los guanacastecos cuentan con un servicio mejorado de salud, ya que el BCIE financió la construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización y especialidades en el Hospital La Anexión, una obra que beneficia a más de 130,000 pobladores de las comunidades de Nicoya, Santa Cruz, Hojancha y Nandayure con el fortalecimeinto de los servicios de consulta externa, salas de operaciones, especialidades, entre otros.

Además de los proyectos mencionados, recientemente el BCIE aprobó el financiamiento más alto en su historia para el “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura”, el cual contempla al menos 30 intervenciones entre carreteras, puentes y escuelas que se encuentran en estado vulnerable o riesgo inminente en cantones como Tilarán, Santa Cruz, Cañas, Liberia, La Cruz, Carrillo, Nicoya y Abangares, beneficiando a más de 82,000 pobladores. Se prevé que la ejecución de estas obras inicie pronto con la aprobación del crédito por parte del Congreso de la República.

La inversión aportada para todas las obras -desarrolladas y en progreso- es por más de US$600 millones y se enmarca dentro de los ejes estratégicos del BCIE Desarrollo Humano y Competitividad, mediante los cuales la multilateral contribuye en la generación de capacidades sociales efectivas para una real inclusión social asegurando condiciones de bienestar mínimas en materia de salud, educación y otros servicios esenciales; así como en el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como acceso al agua potable, mejora de la nutrición, y generación de empleo.

Gobiernos Locales deben acatar la Ley para no violentar principio de legalidad

Desde el pasado 10 de marzo entró en vigencia la Ley 10.159 Marco de Empleo Público, la cual es de acatamiento obligatorio para cargos públicos, incluyendo gobiernos locales. Desde esa fecha se dieron 6 meses de tiempo para que las instituciones establecieran una metodología con el fin de implementar el llamado salario global.

El próximo 10 de setiembre debe estar constituida la herramienta para la fijación de salarios, es por esta razón que, amparada en la Ley, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) elaboró una propuesta, la cual se entregará a todas las municipalidades del país, y serán ellas las que decidan si la adoptan o no en ejercicio de su autonomía.

“Lo que hicimos fue cumplir con el Artículo 7 Inciso B de la Ley Marco de Empleo Público que faculta a la UNGL a establecer mecanismos de concertación y partición en materia de empleo público. Además, amparados en el Artículo 129 del Código Municipal.

Por lo anterior, el departamento de Tecnologías de la Innovación y Mejora Continua de la UNGL construyó esta herramienta como insumo para que los Gobiernos Locales puedan tener un parámetro para la construcción de los nuevos salarios globales”, comentó José Rojas, presidente del Consejo Directivo de UNGL.

Paola Marchena, directora de dicho departamento, explicó que se deben tener salarios globales con una ponderación por puntos. “En nuestra metodología se contemplan 11 factores que contribuyen directamente en la fijación de los salarios: formación, experiencia, iniciativa, relaciones de trabajo, esfuerzo mental, responsabilidades, supervisión y coordinación ejercida, consecuencias del error, condiciones del trabajo, esfuerzo físico y compensatorio, todos estas obedecen directamente a la responsabilidad de cada cargo y se están delimitando los puntos según la categorización que existe en nuestra escala salarial suministrada para el régimen desde el 2009”, adujo Marchena.

No se debe olvidar que, a pesar de que las municipalidades tienen autonomía implícita en la Ley Marco de Empleo Público, estas no se pueden eximir de la Ley, así lo indica el Artículo 2 en el Inciso C, precisamente para no violentar el principio de legalidad.

Los gobiernos locales que se declaren exclusivos y excluyentes lo hacen para hacer valer su autonomía, pero eso no les permite apartase del cumplimiento de la Ley, razón por la cual es necesario fijar la metodología por la cual se hará la migración de los salarios globales al régimen.

Solo aplica para nuevos funcionarios

Es importante recordar que el tema del salario global, aplicará únicamente para los funcionarios que ingresen al régimen a partir del 10 de marzo 2023, todos aquellos que están contratados antes de esa fecha no se apegan a la nueva metodología.

Paola Marchena recordó que “es indispensable que las municipalidades contengan la estructura organizacional actualizada y los perfiles de cargos actualizados para poder fijar los salarios”, apuntó.

La misión de la UNGL es dotar de herramientas técnicas que contribuyan a la estandarización de los procesos en las municipalidades, de tal manera que puedan adaptarlos a la realidad de cada gobierno local.


Participantes reciben capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y autoestima, permitiéndoles descubrirse a sí mismas y reconocerse como mujeres sujetas de derechos y con roles que generan cambios.



Construcción lleva un 6% de avance y la inversión del BANHVI en este proyecto es de ¢ 1.606 millones, provenientes del Bono Familiar de Vivienda.


Se ha emitido una serie de recomendaciones para que las personas productoras preparen sus unidades productivas y minimicen las consecuencias.


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