Costarricenses consideran que el desempleo, educación y costo de vida están peor que hace un año

Según la encuesta de percepción publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, urgió al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, un informe sobre las medidas y acciones que el Gobierno valora o realiza para contener el aumento en el costo de vida que amenaza a población de ingresos medios y bajos del país.

Según la encuesta de percepción publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), en noviembre del año pasado, la mayoría de los ciudadanos percibían que la situación del costo de la vida, el desempleo y la educación habían desmejorado significativamente.

Los datos de la encuesta indicaban que el 91% de la población considera que ha experimentado una situación más adversa en el costo de la vida con respecto al 2020, un 84% en el desempleo y un 70% siente que la educación empeoró en el 2021. Asimismo, las personas encuestadas manifestaron que la situación de la salud y de la seguridad también habían empeorado, pero no tanto como los aspectos antes mencionados.

Esta situación contrasta con los resultados económicos de finales de 2021 donde la economía como un todo mejoró notablemente. Según los datos del Banco Central, la producción nacional creció en el orden del 7,6% (mayor crecimiento económico en 14 años), el desempleo disminuyó, el desequilibrio fiscal se redujo hasta cerrar en 5,18% del PIB y se están cumpliendo las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, las exportaciones crecieron en un 25% y la inversión extranjera se está recuperando.

Al parecer, las autoridades económicas han planificado sus acciones con base en metas macroeconómicas sin incorporar dentro de sus estrategias la situación de los hogares costarricenses; por tanto, la Defensoría de los Habitantes considera relevante que, en el seno del Consejo de Gobierno, se pregunten, ¿a quién ha beneficiado esta mejora en la macroeconomía?.

“No puede obviarse que sectores importantes de la población actualmente soportan un alto desempleo, pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso, bajo nivel educativo, carencia de vivienda propia, discriminación, un –cada vez más– limitado acceso a bienes y servicios, entre otros aspectos. Asimismo, alrededor de un millón de personas laboran en el sector informal con bajas remuneraciones, situación que les impide cotizar en el Régimen de Seguros del IVM y disfrutar de una pensión digna en el momento de la jubilación”, sostuvo la Defensora de los Habitantes en un oficio enviado al Presidente de la República.

Crespo Sancho agregó que dentro de esta coyuntura, “Uno de los problemas que preocupan a la Defensoría y que se debe abordar con carácter de urgencia es el creciente aumento en el costo de la vida que, en el muy corto plazo, amenaza con reducir aún más el nivel de vida de la población de ingresos medios y bajos del país”.

Recientemente el Banco Central anunció que subirá las tasas de interés para contener las tendencias inflacionarias; sin embargo, la Defensoría considera que esta medida por sí sola no es suficiente para salvaguardar el costo de vida de la población pues, obedece a un enfoque macroeconómico que no contempla los efectos perversos sobre las clases de ingresos medios y bajos que se encuentran altamente endeudadas.

“El incremento en las tasas de interés encarecerá el crédito y hará que aquellos hogares ya endeudados deban disponer de una mayor parte de su presupuesto para el servicio de su deuda, limitando aún más los recursos disponibles para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud, entre otras”, señala la Defensora en su oficio.

Según el estudio: “Endeudamiento de los hogares costarricenses” de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), el 74% de las personas entre los 18 y los 65 años tienen comprometidos partes de sus ingresos con alguna deuda y, de ese grupo, alrededor de un 20% tiene compromisos de pago que representan el 62,5% o más de sus ingresos mensuales. En algunos casos, señala la OCF, el porcentaje de compromiso supera el 150% y hasta el 300% sobre sus ingresos; es decir, sus pagos destinados a deudas representan más de lo que ganan por mes.

Debido a lo anterior, la Defensoría de los Habitantes también le solicitó al Presidente de la República, Carlos Alvarado, evaluar, en el seno del Consejo de Gobierno que preside, la formulación de un plan integral para detener el aumento en el costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos percibidos por los hogares costarricenses.

“La formulación de un plan integral es necesario porque medidas aisladas tomadas por instituciones como el Banco Central, si bien, pueden mejorar los indicadores macroeconómicos, como hemos visto, no garantizan el control efectivo del costo de vida para las clases medias y de salarios bajos de la población”, puntualizó Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.

De esta forma, en la discusión sobre las opciones para contener y reducir el costo de vida esta Defensoría ha tenido conocimiento de diversos aspectos que se considera oportuno que las autoridades gubernamentales evalúen en una estrategia integral, entre los cuales se citan los siguientes:

• El fortalecimiento de las acciones que realiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Comisión para promover la competencia (COPROCOM) en lo referente a la promoción efectiva de la competencia en los mercados internos.
• El diseño e implementación de una estrategia para minimizar el impacto que la reciente crisis de los contenedores tiene sobre el costo de los bienes y materias primas importadas.
• La mejora en los niveles de productividad laboral con un programa de capacitación acorde con los requerimientos de la industria y que coordine las acciones que realizan de forma dispersa entes estatales como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, los colegios universitarios y los programas de extensión de las universidades públicas, entre otros.
• La simplificación del sistema tributario para eliminar aquellos tributos que no implican ingresos significativos al Estado, pero que inciden sobre las posibilidades de consumo de los hogares y reducen su nivel de vida.
• La reducción de los altos costos de intermediación entre el productor directo y el consumidor final, principalmente, en los bienes agroindustriales y el mercado de las medicinas; así como el margen de intermediación financiera entre los ahorrantes y el inversionista, con la finalidad de reducir el costo del crédito.
• Una revisión de la política cambiaria, dado que la depreciación del tipo de cambio aplicada en los últimos dos años, si bien, favorece a los sectores exportadores; implica un aumento en los precios de los bienes importados –incluyendo aquellos de primera necesidad– hecho que reduce el poder adquisitivo de los hogares de ingresos medios y bajos del país.
• Una revisión de las políticas y normativa del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para que los recursos financieros de esa entidad sean utilizados para financiar emprendimientos, pymes y mipymes que, generen empleo y promuevan el consumo de productos hechos en el país. Cabe advertir que la prensa nacional ha informado que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) tienen el 70% de los recursos del SBD invertidos en bonos de deuda, principalmente del Ministerio de Hacienda.

Para la Defensoría resulta fundamental conocer los resultados de la evaluación solicitada para detener el aumento en el costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos percibidos por los hogares costarricenses.