La Comisión Permanente Especial de la Mujer dictaminó de forma afirmativa el Expediente 21.793 Reforma de los Artículos 1, 2, 21, 22, 23, 25. 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujeres No. 8589 del 25 de abril de 2006 y sus reformas con los cuales se establece de manera integral el delito de Femicidio.
Esta reforma de la diputada Aida Montiel tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres, y a su vez, ampliar su ámbito de aplicación y proteger de esta manera a un mayor número de mujeres víctimas de violencia, de parte de sus novios, exesposos y exconvivientes de hecho o no declarados.
La diputada Montiel destacó que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos, causa sufrimientos lamentables, cercena vidas y deja a incontables mujeres viviendo con dolor y temor.
Adicionalmente causa perjuicio a las familias, empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en la sociedad. "La violencia contra las mujeres les impide alcanzar su realización personal, profesional y su pleno desarrollo, es por eso que lucharé para que este proyecto sea pronto Ley de la República", destacó la Legisladora.
El diputado José María Villalta dijo que esta iniciativa va en la dirección correcta tendiente a crear una nueva cultura que trabaje fuertemente en la prevención de estas formas de violencia en todas las formas de relaciones de género.
La diputada Paola Vega manifestó su pesar por la amplia cantidad de femicidios que han cobrado la vida de 51 víctimas en lo que va del año y que sobrepasa las cifras de años anteriores, razón por la cual sobresaltó la necesidad de aprobar más legislaciones que ataquen este tipo de delitos.
La diputada Ivonne Acuña destacó la necesidad de trabajar en proyectos que incluyan la educación para la prevención de la violencia desde las tempranas edades de la infancia y por ello se requiere involucrar en el diseño de estas políticas al Instituto nacional de las Mujeres (INAMU) y al Ministerio de Educación Pública.
El dictamen será enviado al INAMU y a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de conocer la opinión de estas dos instituciones.
