Hoy, mientras se pide que la mayoría de la población se mantenga en casa para mitigar el contagio de la enfermedad COVID-19, los productores, apoyados por nuestros profesionales de la agricultura, siguen trabajando para asegurar los alimentos esenciales que el país requiere. Tal empeño también merece reconocimiento, agradecimiento y dignificación.

El sector agropecuario costarricense, a pesar del abandono al que ha sido sometido por décadas, con sumo esfuerzo enfrenta estos inesperados retos en sus procesos productivos y en la comercialización interna y externa.

Reconociendo que las situaciones especiales demandan medidas extraordinarias, la producción agropecuaria nacional requiere de un decisivo y claro respaldo del Gobierno de la República, para procurar su efectivo fortalecimiento y garantizar de manera más eficiente la seguridad alimentaria, así como el progreso económico y social del sector.

Las indispensables medidas para alcanzar los propósitos indicados, requieren fundamentarse en un reconocimiento oficial de que la agricultura y sus servicios conexos, deben considerarse esenciales para el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias y comerciales.

Tal reconocimiento ha sido recomendado por organismos internacionales, en particular la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población. Es esencial mantener vivo el sistema agroproductivo, para que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria.”

En consideración de lo expuesto, reiterando el valor estratégico de la agricultura y con el fin de enfrentar de mejor manera la presente situación de crisis, respetuosamente sugerimos al señor Presidente de la República adoptar las siguientes medidas.

1. Declarar la producción alimentaria y la agricultura como actividades estratégicas de interés público, en el marco de la presente Emergencia Nacional, de manera que el Poder Ejecutivo, por la vía de excepción, pueda gestionar las acciones y asignación de los recursos necesarios para atender esa condición.

2. Convocar a un diálogo nacional, destinado al establecimiento de una agenda consensuada, para garantizar el fortalecimiento del sector agropecuario y una estrategia común para el periodo post COVID-19.

3. Diseñar un plan de financiamiento extraordinario para la agricultura, liderado por la banca pública y considerando sus particularidades productivas del sector.

4. Impulsar la reactivación de la asistencia técnica básica y de la transferencia de las nuevas tecnologías para los diferentes grupos de productores, con la colaboración coordinada de las agencias de extensión agrícola, universidades y otras organizaciones públicas y privadas.