El Gobierno emitió este martes la directriz Nº 049-MAG-MCEE “Sobre la atención de las personas con obligaciones financieras del sector agropecuario y o pesquero afectadas en su capacidad de pago a causa de fenómenos climáticos y biológicos”.

La directriz instruye al Banco Nacional de Costa Rica y al Banco de Costa Rica a ofrecer alternativas a las personas del sector agropecuario y pesquero cuya capacidad de pago se ha visto afectada por situaciones climáticas o biológicas, e invita a su aplicación al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y a los operadores financieros del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo (SBD).

A la vez, la directriz establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de Seguros, Sistema Bancario Nacional Público y SBD deberán definir estrategias para ejecutar capacitaciones de educación financiera, así como el uso de seguros agropecuarios en el proceso de financiamiento.

La directriz fue firmada este martes por el Presidente de la República Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado Rivera, y la Ministra de Coordinación Económica, Edna Camacho, en el marco de la sesión de Consejo de Gobierno. En el anuncio estuvieron presentes representantes del sector bancario estatal.

Agregó que “es una mano que se tiende a aquellos agricultores y agricultoras que están ahogados por los préstamos y no ven salida como efecto del cambio climático o debido a plagas y enfermedades que amenazan sus condiciones de productividad”, entre otros factores.

Por su parte el Presidente de la República manifestó que la medida procura dar alivio al sector agroproductivo, que se ha visto afectado por diferentes factores, en particular las condiciones climáticas.

Precisó que, paralelamente, la medida plantea capacitar a las personas del sector en educación financiera y en uso de seguros agropecuarios, un mecanismo no solo para proteger al productor en el contexto de cambio climático sino también para ayudar a la reactivación económica en las regiones.

Algunas medidas

La directriz plantea diferentes alternativas de arreglo para el cumplimiento efectivo de las obligaciones financieras de las personas del sector agropecuario y pesquero del país que han visto afectadas su capacidad de pago, debido a situaciones climáticas y biológicas.

Entre otras, pago parcial de cuotas, prórroga para el pago del capital, extensión de plazos, implementación de periodos de gracia, mejoras en tasa de interés para quienes apliquen y según la entidad, financiamiento de avalúos, seguros, gastos legales y otros asociados al proceso de adecuación, financiamiento adicional de capital de trabajo o inversiones urgentes.

Las condiciones de plazos contemplarán las necesidades de cada cliente, su plan de inversión y sus garantías y, como parte del plan de inversión, se incluirá la prima del seguro agrícola o pecuario que aplique a cada caso. 

Los recursos disponibles de las Líneas del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) destinadas a Programas de Emergencias, se aplicarán a sujetos que cumplan con ser beneficiarios del SBD, esto incluye el financiamiento de los créditos a Tasa Básica Pasiva con un piso del 6%.

Para quienes ya se encuentren en procesos de cobro judicial o en procesos avanzados de ejecución de garantías, las entidades financieras y los operadores del SBD deberán contactar a cada persona productora, para que se aproximen a las entidades con el fin de analizar posibilidades viables de regularizar su situación.

“De esta manera, permitimos a las personas productoras reducir sus cargas financieras con el fin de que tengan la posibilidad de estabilizar su actividad productiva, lo que generará un efecto dominó positivo, en tanto favorecerá el fortalecimiento y mejoramiento del sector agropecuario, pesquero y rural, que ya sabemos, es motor de desarrollo, generador de riqueza, creador de empleos de calidad y garante la seguridad alimentaria y nutricional”, concluyó el ministro Alvarado Rivera.

El crédito agropecuario es de 4% del total de la cartera crediticia del sistema financiero nacional.