El Ministerio de Hacienda emprende y fortalece acciones luego de que medios internacionales y nacionales dieran a conocer una investigación periodística conocida como “Los papeles de Panamá”.
Algunas de las medidas impulsadas son el contacto inmediato con las autoridades de Panamá para la firma de un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria. También; el reforzamiento del grupo de investigación de la Dirección General de Tributación para indagar, caso por caso, de personas, sociedades y bufetes mencionados en las distintas publicaciones.
Cooperación financiada por la Unión Europea sobre seguridad informática en temas fiscales; acciones administrativas, de digitalización de procesos, captura y análisis de información, relacionadas con la factura electrónica, del Programa especializado que cuenta la Administración Tributaria para requerir información de grandes contribuyentes (AMPO); sistemas para fortalecer el trabajo de inteligencia tributaria y la revisión de opciones para el fortalecimiento de las áreas de fiscalización de Tributación y Aduanas.
“Luego de ver uno a uno los casos, si es procedente, se iniciarán fiscalizaciones tributarias para garantizar el pago de impuestos que no hayan sido declarados y pagados cuando correspondía”, dijo el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro.
COMBATE A FRAUDE Y EVASIÓN
La solución al problema de fraude, elusión y evasión fiscal requiere de una reforma integral al sistema tributario costarricense. Las propuestas de reforma tributaria presentadas por el Gobierno a la Asamblea Legislativa van en esa línea y son el camino adecuado para enfrentar esta problemática que solo en el 2013 se calcula representó el 8,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Las propuestas de Reforma Tributaria, como la contenida en el proyecto de lucha contra el fraude fiscal, particularmente el Registro de beneficiarios finales de entidades jurídicas y en el impuesto sobre la renta estableciendo restricciones a la deducciones de gastos originados en paraísos fiscales, sujeción de las ganancias de capital y renta extraterritoriales –evitando la doble imposición internacional-, disminuyendo la dispersión de tarifas y dándole mayor globalidad a este impuesto, permiten visualizar que la solución al problema de nuestro sistema tributario es integral y requiere ajustes en la normativa de procedimiento como en las leyes de fondo”, manifestó Rodríguez Garro.
Y agregó: “si se desea que pueda combatir efectivamente el fraude y la evasión, se requiere de una reforma integral del sistema tributario costarricense, que modifique las leyes de los impuestos, especialmente el impuesto sobre la Renta y el Código Tributario, incorporando en la legislación vigente las disposiciones necesarias que solo por ley pueden establecerse”.
El jerarca hizo ver que las sociedades en el extranjero pueden crearse para fines lícitos, lo cual es normal en un mundo globalizado.
El problema se presenta cuando estas sociedades son creadas con la finalidad de evadir o eludir el cumplimiento tributario, aprovechándose de paraísos fiscales y de una ley del impuesto sobre la renta con amplios vacíos en su regulación de fondo, como la vigente en nuestro país.(se trata de un impuesto territorial, de naturaleza netamente cedular –es decir, se gravan los ingresos de las personas de forma separada en función de su naturaleza, empresarial, títulos valores, salarios, etc, desconociendo que la capacidad económica de una persona es integral-,que no sujeta a impuesto las ganancias de capital, tiene una enorme dispersión tarifaria.
Esto abre amplias posibilidades para aquellos que buscan disminuir el pago de sus impuestos, lo puedan hacer, propiciando la elusión, el fraude y la evasión.
“La existencia de estos vacíos legales en las leyes de los impuestos sobre la renta y ventas (o valor agregado), así como las limitaciones existentes hoy en día para acceder a información, entre otras, de los beneficiarios finales de las entidades jurídicas, dan paso a que en nuestro país buena parte del incumplimiento tributario se concentre en la elusión fiscal (es decir, aprovechar portillos de la ley vigente para evadir legalmente) más que en la evasión misma”, apuntó.