• Los vecinos de Martina Bustos luchan por la legalidad de sus propiedades y no han tenido respuesta alguna de las diferentes autoridades locales y gubernamentales.

A 4 kilómetros de Liberia, los habitantes de la comunidad Martina Bustos viven en medio de calles polvorientas, un porcentaje importante de las casas no tiene electricidad ni agua y la municipalidad no les recoge la basura. Allí viven 8.603 personas en situación de pobreza, quienes llegaron, nacieron y crecieron en una propiedad que no les pertenece pese a que han pasado 30 años.

Mientras el actual diputado e hijo del propietario, Pedro Muñoz Fonseca, aseguró que existe anuencia y reiteradas comunicaciones a la Municipalidad para donar el terreno de 234.802,91 m², el alcalde Luis Gerardo Castañeda asegura que desde el 2011 pidió al Ministerio de Vivienda y al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) una solución pues el arreglo del problema de estos habitantes, aseguró, no está en el municipio.

La ministra de Vivienda, Irene Campos, indicó que el Ministerio no puede recibir un terreno de este tipo y que la solución estaría en que un desarrollador privado opte por un proyecto habitacional que compre o adquiera el terreno, o si el terreno pasa a una entidad pública que esta desarrolle el proyecto y mediante licitación pública se construya. Para que esto ocurra, las familias deben ser movilizadas a otro lugar.

Otra alternativa la da el proyecto 22222 “Ley de transformación y titulación de asentamiento. Los vecinos de Martina Bustos luchan por la legalidad de sus propiedades y no han tenido respuesta alguna de las diferentes autoridades locales y gubernamentales. Fabricio Alfredo Obando Chang Colaborador Periódico Mensaje tos humanos informales e irregulares”, el cual está en la corriente legislativa en trámite ordinario. Esas soluciones, sin embargo, no están a la vista. Debido a que el asentamiento carece de lotes titulados, está al margen de la normativa, lo cual inhibe a los habitantes de tener el acceso a los servicios básicos que son primordiales para su vida cotidiana.

Vivir en Martina Bustos

 En 2011 vivían en Martina Bustos 660 hombres y 697 mujeres, según el último censo de ese año realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); en su mayoría eran personas inmigrantes. Estadísticas más recientes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizan a 8.603 personas de la comunidad. De estas, el 79% se cataloga en pobreza extrema y 21% están en pobreza.

Los vecinos Arelis Rodríguez Vílchez y Juan Esteban Cepeda tienen claro que los derechos son el primer paso. “Lo que más nos interesa son las escrituras para saber cuánto miden los terrenos y construir una casa digna para poder vivir”, explicó Rodríguez.

Las casas están construidas con zinc y en las temporadas de lluvia se padecen problemas por esa condición. El censo del 2011 catalogó 331 viviendas, de 350 en ese momento, en estado deplorable.

Las calles también están en pésimo estado. El comedor que existía está en abandono luego de ser objeto del vandalismo. La Municipalidad no recoge los desechos o productos reciclados por ser este un servicio que deben pagar los contribuyentes. Los vecinos optan por quemar la basura, explicó la vecina Arelis Rodríguez, o la Municipalidad recoge los desechos que se lanzan en botaderos ilegales. Sobre el agua y la electricidad hay soluciones parciales. Acueductos y Alcantarillados (AyA) colocó 12 fuentes de agua al frente de las casas y de ahí se abastecen las familias.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aporta el suministro de electricidad y está pendiente un nuevo servicio en las viviendas construidas antes de mayo de 2015 para la cual debe haber una declaración jurada del interesado.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) da subsidios a 4.323 personas, de las 8.603 que viven en vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

La población estudiantil de Martina Bustos asiste a la escuela más cercana, la cual se encuentra ubicada en barrio Nazareth, a 2 km de distancia. No fue posible obtener datos específicos de los niños, niñas y adolescentes respecto a la atención de su educación durante la pandemia.

La anuencia de la familia de José Joaquín Muñoz Bustos, propietario de la finca, de que los habitantes permanezcan ahí es el único elemento que da algún nivel de estabilidad, pero a la vez esta situación no ha permitido que se avance en la solución definitiva que convierta a Martina Bustos en una comunidad donde los derechos humanos básicos estén adecuadamente atendidos