Los tiburones no son considerados vida silvestre desde mayo del 2017, cuando el Estado Costarricense promulgó que eran especies comerciales de peces (DE 40379 MAG-MINAE). Como consecuencia de esta acción, el MINAE fue despojado de su autoridad sobre los tiburones y se desaplicó la LCVS para su conservación, entregando la misma al INCOPESCA para que supuestamente proteja los tiburones aplicando la Ley de Pesca. No obstante, según la parte justificativa de la propuesta de reforma de ley, el DE 40379 MAG-MINAE es contrario al Principio de No Regresión y el Principio de Precaución.
 
"La Ley de Pesca es una ley de producción pesquera, que ha demostrado con creces ser inefectiva para detener la sobrepesca y el proceso de extinción que experimentan los tiburones," afirmó Jeffry Madrigal, de la organización costarricense Centro Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA). "Actualmente, se exportan y consumen domésticamente productos de especies amenazadas de tiburones, actividades que estarían restringidas si se implementara la Ley de Conservación de Vida Silvestre," denunció Madrigal.
 
"Existe jurisprudencia importante emitida por la Sala Constitucional cuando prohibió la cacería de la tortuga verde en 1999," anunció Randall Arauz, de la organización internacional Fins Attached Marine Research and Conservation. "La Sala IV sentenció que una especie en peligro de extinción jamás podía considerarse una especie comercial, y hacerlo constituía una violación a las convenciones internacionales de conservación de vida silvestre que el país ha firmado y ratificado," recordó Arauz.
 
"Los tiburones son esenciales para la salud de los ecosistemas marinos, y para que los mismos sigan siendo capaces de brindarnos los servicios ecosistémicos que precisamos como humanidad," explicó Carolina Ramírez, quien dirige la campaña Unidos Por los Tiburones. "Los beneficios de esta propuesta de modificación de ley son múltiples, desde asegurar la sostenibilidad de la pesca, impulsar el desarrollo socio económico de las comunidades costeras, y defender la salud pública," sostuvo Ramírez
 
A la propuesta de modificación de ley se debe asignar ahora una Comisión e iniciar las consultas. Se espera que la propuesta esté lista para su primer voto en el Plenario en el plazo de un año.