- Proceso se vio afectado por la constante modificación e incumplimiento de la agenda establecida; y la falta de claridad sobre la metodología y los resultados de las sesiones de trabajo.
La Defensoría de los Habitantes señala una serie de debilidades en el proceso de consulta que busca de ampliar el Área de Conservación Marina Cocos, luego de participar en calidad de observadora en dicho espacio, que fue liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Este ente defensor, ante una petición de representantes del sector pesquero, se incorporó en el proceso denominado: "Viabilidad técnica, científica, social, financiera y legal de posibles cambios y/o modificaciones de áreas marinas protegidas del Área de Conservación Marina Cocos", con el fin de velar por que se diera una participación abierta y representativa.
Si bien se garantizó la participación y la representación de numerosas organizaciones del sector pesquero en las mesas multisectoriales de consulta, con la presencia de representantes de las industrias pesqueras de atún y de palangre, de exportadores y comercializadores de productos pesqueros, así como de organizaciones de pesca artesanal de pequeña escala y de organizaciones no gubernamentales; la Defensoría considera que no se cumplió con la agenda del proceso y no se tiene claridad sobre el resultado final del proceso y su impacto o efecto sobre la propuesta de ampliación consultada.
“En este sentido, la participación de las y los habitantes debería de ser considerada y tomada en cuenta en el proceso de toma de decisiones, enriqueciendo dicho proceso y, por ende, influyendo positivamente en la decisión o producto final consultado. No obstante, no se tiene conocimiento de que el proceso produjera el enriquecimiento o modificación de la propuesta como resultado de la participación en la consulta”, señaló la Defensoría en un Informe Final con Recomendaciones dirigido al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Social; y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.
Para la Defensoría, este tipo de proceso de consulta participativa no sólo debe de garantizar la participación, sino que se debería incluir algún tipo de actividad de devolución sobre los aspectos o elementos aportados por los participantes que fueron considerados e incorporados en la propuesta consultada para el enriquecimiento o modificación de la misma. De este modo, no sólo se obtendría un resultado o producto concreto de esta participación ciudadana, sino que se fortalecerían los valores democráticos al evidenciarse a los participantes, y al público en general, que la participación ciudadana es efectiva y tomada en cuenta para la toma de decisiones e implementación de acciones en materia ambiental.
“No fue posible obtener el mencionado resultado concreto del proceso de consulta debido a que una parte considerable del tiempo disponible de las sesiones de las mesas multisectoriales se dedicó a la discusión y resolución de asuntos de forma del proceso y no a la discusión o aporte de información sobre los temas de fondo de la propuesta. Entre los factores que influyeron en que la discusión se orientara hacia los aspectos formales del proceso de consulta y no hacia los aspectos sustantivos de la propuesta consultada, están el incumplimiento de la agenda establecida y la falta de claridad o acuerdo sobre la metodología del proceso, lo cual se debió principalmente a una comunicación deficiente entre las partes”, sostiene la Defensoría en su Informe.
Considera la Defensoría que el proceso de consulta no logró desarrollar el ambiente y las condiciones necesarias para alcanzar su objetivo, por cuanto no hubo una comunicación clara, eficiente y efectiva entre las partes, que permitiera generar confianza entre quienes participaron de la consulta, así como transparencia en el desarrollo y resultado del proceso. “El proceso se vio afectado por la falta de claridad sobre la metodología, así como la constante modificación e incumplimiento de la agenda establecida, lo que evidencia que la metodología y la agenda deben de establecerse y acordarse de previo al proceso y ser respetadas y cumplidas por todas las partes, para lo cual se requiere del establecimiento de canales directos de comunicación entre los representantes de los distintos sectores o grupos participantes y las autoridades de gobierno”, detalló la Defensoría.
En el presente caso, los aspectos antes indicados resultaron en un proceso falto de orden y de controles, en el que una eficiente labor de facilitación pudo haber desempeñado un papel esencial para el buen desarrollo del mismo. Por este motivo, resulta necesario contar con facilitadores con experiencia en este tipo de procesos, que puedan apoyar en el desarrollo del mismo, preferiblemente, desde la fase previa de preparación, a fin de no solo crear un ambiente de confianza, sino también servir de canal de comunicación entre las partes.
Asimismo, el proceso resultó ser un espacio más de carácter informativo que participativo y de aporte o enriquecimiento de la propuesta consultada, por cuanto el desarrollo de la actividad estuvo más orientado a la entrega de información y consultas de las y los participantes sobre la propuesta, que al aporte de criterios sobre la misma. A este respecto, para que un proceso de consulta pueda ser provechoso, se requiere las personas participantes cuenten previamente con toda la información posible sobre la propuesta, proyecto o política a consultarse, de lo contrario, no sería posible hacer un aporte o emitir criterios informados y debidamente fundamentados sobre la materia. Así las cosas, la información sobre el proyecto o propuesta debería estar disponible por medios de libre y fácil acceso y debería de haber un amplio proceso informativo de previo a que se lleve a cabo la consulta, de modo tal que las personas interesadas puedan tener claridad sobre la justificación científica, técnica y/o jurídica de la propuesta, y así puedan formar y fundamentar sus criterios sobre la materia.
