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Regionales

El objetivo principal de NODOS consiste en poyar a MIDEPLAN en el proceso de facilitación, formulación y coordinación para la construcción de una Estrategia de Desarrollo que incluye un Plan de Acción encaminada a la reactivación económica de la Región Chorotega,


  • Plaga afecta a pobladores y cultivos de caña, café y ornamentales, entre otros productos, en comunidades de Occidente, Pacífico Central, Zona Norte y Región Chorotega; así como a animales silvestres.
  • Productos podrán ser utilizados en plantaciones de caña de azúcar, en cebos, con apoyo de técnicos de LAICA, para control directo en los nidos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado, emitió una resolución que amplía el uso de tres productos formulados, permitiendo su aplicación en caña de azúcar, con el fin de aliviar la situación que viven familias y agricultores de distintas comunidades por la presencia de la plaga conocida comúnmente como “hormiga loca”.

Así lo anunció este miércoles, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial. “Esta plaga está representando un alto riesgo para cultivos como la caña de azúcar, el café, plantas ornamentales, entre otros. También está afectando a las personas que residen en esas zonas rurales y está teniendo impacto en los animales silvestres, como pizotes, iguanas y perezosos. Por eso, se toma la decisión de apoyar su combate, permitiendo el uso de insecticidas, de manera temporal, como parte de los componentes de un cebo que se prepara y se coloca en los nidos, ubicados en plantaciones de caña de azúcar”, detalló.

La resolución del SFE establece que el uso de estos productos se realizará de manera coordinada con los técnicos de la Liga Agrícola Industrial de la Caña, LAICA, con el fin de facilitar los cebos a los productores de caña con la debida asistencia técnica para que la aplicación se haga de manera correcta y efectiva. La ampliación del uso de los productos en caña estará autorizada hasta diciembre de este año, ya que, de acuerdo con los especialistas, las poblaciones de la plaga disminuirán conforme disminuyan las lluvias. A las personas, en sus hogares, se les recomienda usar otros productos autorizados para uso doméstico en casas y jardines, y evitar productos de uso agrícola que pueden representar un riesgo.

Según los expertos, la hormiga Nylanderia fulva, conocida como hormiga loca, es una especie exótica, muy invasiva. Tiene gran capacidad para diseminarse y desplazarse y se registró en el país, por primera vez, en 2017.   Es capaz de transportar otros organismos como áfidos (pulgones), ácaros, cochinillas y escamas, que pueden afectar los cultivos. Además, ataca especies de animales domésticos, de producción y silvestres como iguanas, garrobos, aves, armadillos, entre otros, afectando la biodiversidad, e incluso puede colonizar y establecerse en las casas de habitación y otras infraestructuras.

Actualmente se reporta presente en comunidades de la Región Occidental (San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí, Atenas, Grecia, Poas, Alajuela y parte de Heredia), del Pacífico Central (Puntarenas, Esparza, Monte de Oro y San Mateo), de la región Huetar Norte (La abundancia de Ciudad Quesada, El Tanque, Fortuna, Los Lirios de los Chiles, Boca Arenal y Chachagua), en la Región Chorotega (Cañas y focos aislados en los cantones de Abangares y Bagaces) y en el Área Central del país en San Pedro y Desamparados.

El SFE también insta a productores y comercializadores de material vegetativo propagativo como viveros, pastos para siembra, almácigos de café, semilla de caña de azúcar y sitios de producción de pacas para alimentación de ganado, que se encuentren en las áreas con presencia de la plaga, que se aseguren de controlar el material antes de despacharlo, así como el tren de rodaje de los camiones que llegan a recoger los productos, para evitar trasladar la plaga a otras regiones del país, en cumplimiento de la Resolución N° SENASA-SFE-DG-R001-2020, de marzo del 2020.

Los productos formulados, ya registrados en Costa Rica, a los que se les está ampliando de manera temporal su uso agrícola, en caña de azúcar, son: Bioquim Fipronil 20SC; Sofion 20SC o Zetanil 20SC, Tripzell 20SC, Fulminante 20SC o Picudo 20SC.

  • Reducción afecta al trabajo de inspectores municipales de tránsito en cada cantón.
  • UNGL apoya a la Red Nacional de Policía Municipal, ante decisión unilateral.  
  •  Según la Ley de Tránsito número 9078, artículo 234, se indica que un 70% del monto de las multas que son confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito será transferido a la Municipalidad donde se realizó la boleta. No obstante, mediante un oficio emitido por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) se informó sobre una modificación presupuestaria para dichos municipios.

En documento, con fecha del mes de marzo, se indicó que el monto para las 23 municipalidades, que cuentan con inspectores de tránsito sería de ¢287.700.000 pendiente de 2022 y, para el plan operativo – presupuesto 2024 sería ¢2.576.400.000. No obstante, en otro oficio del pasado mes de junio, se comunicó a dichos municipios que lo proyectado para el año 2024 se reducirá a ¢1.810.800.000.

Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, explica porque no se está de acuerdo con esta medida. “Las municipalidades han cumplido una gran labor, apoyando al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en su trabajo para mantener el orden y la seguridad vial. Los recursos que se reciben mediante las multas que realizan los inspectores municipales de tránsito fortalecen esta fuerza policial, cuyo gasto es cubierto en su totalidad por la municipalidad respectiva, por lo cual es dinero que no es del gobierno central sino de los municipios.”

Marcelo Solano, representante de la Red Nacional de Policía Municipal y director de la Policía Municipal de San José, indicó   “…las disposiciones administrativas, según el principio de jerarquía de las normas, no cuentan con un rango superior a la Ley, motivo por el cual, no existe fundamento jurídico alguno, que permita al Ministerio de Hacienda, tomar decisiones contrarias a la Ley, a través de una disposición meramente administrativa, independientemente de las causales que motiven dicho acto”.

Representantes de diferentes policías municipales también mostraron su disconformidad con esta decisión.

“Se nos indica que en razón de las facultades que tiene el Ministro de Hacienda, en virtud de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas, simplemente toma la decisión unilateral de no transferir los fondos recaudados por concepto de las boletas de infracción que elaboró este cuerpo especial de tránsito. Este aspecto es totalmente improcedente, en razón del que el Ministro no tiene facultades omnipotentes”; señaló Giovanna Siles, encargada del Área de Seguridad Comunitaria y Policía Municipal de Cartago.

De igual manera se pronunció Anyelo Hernández, coordinador de Seguridad de la Municipalidad de Garabito. “Consideramos que la operatividad que le corresponde a cada oficial o municipio, con los montos que eventualmente se venían recibiendo compensaba el trabajo operativo en calle con los muchachos. A la hora que haya un recorte o una erogación menor por parte del Ministerio de Hacienda hacia las municipalidades, esos costos operativos van a aumentar y los van a tener que suplir los municipios y se va a desvirtuar lo que indica la Ley, que es para fortalecer los cuerpos de inspectores de tránsito municipal”.

Es importante mencionar que la Ley 9078, artículo 234, reza lo siguiente

d) Un setenta por ciento (70%) del monto de las multas que hubieran sido confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito, producto de las infracciones definidas en esta ley, será transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta. Estos montos se destinarán a inversión de capital en el fortalecimiento de la seguridad vial y el financiamiento del programa de los inspectores de tránsito municipal.


  • Foro ABC EMPRENDE COMUNAL convocó a líderes y lideresas comunales representantes de las asociaciones de desarrollo del país que desean desarrollar proyectos socioproductivos en sus comunidades.
  • MEIC y Dinadeco establecen alianzas para la formación comunitaria, promoviendo la generación de empleo y nuevos negocios.

En una apuesta a la modernización del quehacer comunitario, líderes y lideresas, representantes de asociaciones de desarrollo del país, potencian sus capacidades en la ruta hacia la generación de nuevos negocios y la reactivación económica desde lo local, mediante el evento ABC Emprende Comunal.

La actividad formativa se desarrolló este viernes 18 de agosto en el Teatro de la Danza, en el Centro Nacional de Cultura en San José y fue organizado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), con el apoyo de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

La actividad contó con la participación del viceministro de Economía, Industria y Comercio, Christian Rucavado Leandro; la directora nacional de Dinadeco, Fabiola Romero Cruz y el director de DIGEPYME, Roberto Alvarado Astúa, y permitió que 150 dirigentes comunales de distintas partes del país recibieran formación sobre los primeros pasos para emprender y desarrollar un negocio impulsado por una asociación de desarrollo.

Para las instituciones organizadoras, la constante innovación y la búsqueda por desarrollar el país desde las comunidades propicia estos espacios de oportunidad y un cambio en la manera de asumir los retos.

“Las asociaciones de desarrollo del país caminan hacia la modernización de su accionar, respondiendo a las nuevas necesidades de la comunidad y contribuyendo a la reactivación económica del país y al desarrollo integral desde lo local”, destacó la directora nacional de Dinadeco, Fabiola Romero Cruz.

La jerarca también resaltó que hay ejemplos palpables de asociaciones de desarrollo que han izado la bandera del emprendedurismo y hoy desarrollan actividades socioproductivas, generando recursos importantes para reinversión comunal. La meta actual es facilitar el camino para que otras organizaciones puedan seguir estos ejemplos y contribuir con la reactivación económica, para lo cual Dinadeco trabaja en una nueva normativa en materia de financiamiento de proyectos y nuevas herramientas para impulsar este tipo de iniciativas.

Por su parte el viceministro del MEIC, Christian Rucavado Leandro, dijo que: “el enfoque hacia el desarrollo socio-productivo promueve un progreso integral de las comunidades, tanto en la mejora de aspectos productivos como a la sostenibilidad y el mejoramiento de vida de las personas, este tipo de acciones son un escalón más hacia fortalecer la economía local, promover la equidad y elevar la calidad de vida del ciudadano basado en un enfoque que promueve la independencia y la creación de empleo, no puede existir un tejido social solidos una base productiva que le permita desarrollarse.

Disminución del 10,76% para abonados con consumos menores a 15 m3

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó en promedio una rebaja del 8,41% en las tarifas de agua, las cuales entrarán a regir a partir de su publicación.

Esto significa que una familia que actualmente paga ¢12.245 por 20 m3 de agua (únicamente por el servicio de acueducto), pasará a pagar ¢11.475.

Producto del ejercicio de fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los operadores, y comprobar si el servicio se está prestando bajo el principio de servicio al costo, se determinó que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) incurre en acciones que elevan el costo promedio del servicio de acueducto, trasladando costos de más a los usuarios, quienes son los que pagan las tarifas.

Como parte de esos aspectos, está el que registra inversiones más caras por el tiempo que transcurre entre el planeamiento y la finalización (tarda entre 10 y 15 años para proyectos); al no ejecutarlas dentro del tiempo previsto, se encarecen. Además, las personas continúan con los problemas de abastecimiento de agua, sin una solución a corto plazo, aun cuando se trate de obras sencillas como la construcción de tanques.

ARESEP ordenó al AyA actualizar el catastro de abonados y su clasificación, para que cobre a cada uno según la categoría que corresponde (domiciliar, empresarial, preferencial y gobierno).

También se aprobaron tarifas para grandes consumidores, con el fin de evitar cobros arbitrarios y que se reconozcan los costos por captación, conducción, potabilización y distribución.

Otras situaciones que señala ARESEP en el estudio sobre la gestión del operador de agua son las siguientes:

  • Registra 57% de pérdidas de agua potable, cuando lo establecido internacionalmente es de 30%.
  • Falta la trazabilidad de los proyectos a nivel contable, seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la ARESEP.
  • AyA soporta un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad para generar recursos para pagarla (sobreendeudamiento), por lo que debe llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda a largo plazo.
  • En el periodo acumulado 2018-2021 el AyA reportó 317 proyectos de inversión, de esos solo 107 estaban previstos en el Plan de inversiones vigente (2017) y 210 son proyectos no planificados o no reportados.
  • Inconsistencias en el registro de activos, algunos con más de 40 años de uso o sin trazabilidad.
  • Problemas de medición del agua y subregistro en la venta de agua.

Del análisis de la estructura de costos y gastos económicos del servicio de acueducto, la tarifa aprobada representa un 76,78% para los costos y gastos de operación, mantenimiento y administración y el 23,22% es el rédito de desarrollo, que se debe utilizar para reinversión.


• Esta peligrosa conducta se sanciona con ¢248.000 y se acumulan 4 puntos en la licencia.
• 206 conductores recibieron la misma sanción por irrespetar la señal de Alto.


Pusieron en riesgo su vida, la de sus acompañantes, la de ciclistas, peatones y otros conductores inocentes, solo para ganarse unos pocos segundos en el semáforo. Lamentablemente, para ellos, tuvieron que dedicar muchos minutos a esperar, mientras un oficial de Tránsito les confeccionaba una multa de ¢248.000 por irrespetar la luz roja del semáforo o la señal de Alto.


En lo que va del año, 1.950 conductores fueron sancionados por no detenerse ante una luz roja del semáforo y otros 206 por no detenerse en un cruce, pese a que tenían una señal de Alto vertical, pintada en la carretera o en ambos sitios. Además de la multa, sumaron cuatro puntos en su licencia, según datos con corte a julio.


El director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez, esta conducta es muy reprochable, porque normalmente la primera potencial víctima son los peatones pero, al margen de ello, son muchas personas las que se exponen a la muerte o lesiones graves por esta irresponsabilidad, que es estimulada por el deseo de ganarse unos segundos.


“Lo más paradójico es que ese mismo irresponsable lo vemos a los 100 metros esperando la luz verde del otro semáforo, entonces tampoco valió la pena el riesgo. A veces una conducta precipitada, para ganarse 2 o 3 segundos, nos cobra años en procesos judiciales y hasta años en la cárcel”, reflexionó Miranda.

 

• Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas

Más de ȼ20 mil millones, invirtió la Administración Chaves Robles, en las principales necesidades de los 24 territorios indígenas del país, como lo son salud, educación, tecnología, infraestructura, electricidad, agua potable, vivienda entre otros.

Pero, además, se dio una reactivación efectiva originada del voto de la Sala Constitucional, mediante el cual se establecía de forma clara quienes eran poseedores de buena y mala fe, en el tema de los terrenos indígenas.

Se dio además, capacitación a ADII (Asociación de desarrollo integral indígena), por parte de INDER, MSP y DINADECO, sobre su papel en materia de desalojos administrativos, incidiendo en su empoderamiento para las recuperaciones de territorios por la vía legal, logrando el trasladado de ocho desalojos al Ministerio de Seguridad Pública por parte de los territorios indígenas de Coto Brus y Maleku, asimismo, ya se concretaron dos; siendo el primero el 20 de junio del 2023 después de muchos años, y seis más están en proceso. Además, se creó un fondo indígena para la modernización de dichos territorios.

Asimismo, la reubicación del colegio y viviendas en Rey Curré, en este sentido ya se encuentra listo el diseño para construcción del colegio y viviendas con una inversión de ȼ1500 millones de colones y con respecto al funcionamiento del Liceo de Kekoldi, se canalizó con el MEP, las reparaciones para reacomodar el colegio, contando tres aulas y los estudiantes van tres veces a la semana a recibir sus lecciones y se está en proceso de la aprobación de 35 millones de colones para terminar de remodelar el edificio regional del MEP, el cual estaba abandonado por más de diez años.

Por su parte, el INDER (el Instituto de Desarrollo Rural) realizó una inversión total de ȼ5.043,8 millones para el desarrollo de 171 proyectos, en los que se destaca la inversión de ȼ1.370 millones para la compra de fincas para la reubicación de personas afectadas por el conflicto en los territorios indígenas y un aporte de ȼ2.650 millones para la creación de un fondo nacional para la recuperación de los territorios.

Otro de los logros más destacables es que se propuso a los representantes de las organizaciones indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, comprometerse a una tregua y cese a la violencia, lo cual permitió que no se haya reportado después del 17 de febrero del presente año, actos de violencia por recuperaciones mediante vías de hecho.

ALTO CARONA BENEFICIADO

En cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Gobierno Chaves Robles, el 10,11 y 12 de julio del año en curso, se realizó un ingreso histórico vía aérea, de un equipo de 17 personas de la CCSS, ICE, IMAS, y PANI, para atenderse por tres días a la población en Alto Carona.

Cabe destacar que la atención médica en el lugar se suspendieron desde el 2019, a pesar de existir un recurso de amparo desde el 2012, a favor de los habitantes del territorio. Asimismo, se dio una colaboración interinstitucional para apoyar el gobierno local en la apertura del camino de 41km, hacia las comunidades que están históricamente incomunicadas.

Por otro lado, en un esfuerzo por llevar conectividad a la comunidad de Alto Carona, en Punta Buríca, el Grupo ICE llevó a cabo una serie de acciones en dicha gira, con el objetivo de evaluar la factibilidad de establecer una conexión de internet en esta zona remota del país y comenzó con la tarea de establecer conexiones con diferentes receptores de señal promoviendo la interconexión satelital a través del convenio ICE-MEP.

El Territorio Indígena Comte Burica se encuentra al extremo sur de nuestro país donde la mayoría de sus comunidades Ngäbe se encuentran incomunicadas, siendo su único ingreso víaérea, marítima o por territorio panameño combinado con caminatas de muchas horas, es por ello que la administración Chaves Robles, escuchó el clamor y en última visita la CCSS atendió 223 personas en consulta médica y 77 personas en atención odontológica para un total de 300 habitantes beneficiados con las prontas gestiones llevadas a cabo por el equipo profesional de la Caja.

Por su parte el PANI atendió a 44 personas y se brindó información a la población, de Alto Carona y Alto Guaymi, y sus alrededores sobre temas importantes como: Ley de Relaciones Impropias. Derechos y deberes de las personas menores de edad. Sobre las repercusiones del castigo físico (no al castigo físico). El procedimiento para interposición de denuncias a nivel PANI. Incumplimiento de deberes parentales. Finalizando con la entrega de información documental a la comunidad.

Asimismo, el IMAS logró la atención de 80 hogares donde se incluyeron acciones como: realización de estudios socioeconómicos, actualizaciones de FIS, recepción de solicitudes específicas, seguimiento a procesos abiertos en el pasado y respuesta a inquietudes generales.

Y por su parte El MEP entregará el mobiliario para el Liceo Rural Aalto Guaymí, en septiembre del presente año e iniciará la construcción de este centro educativo en el primer semestre del próximo año con una inversión total de $1,8 millones.


  • El uso de semilla certificada de frijol casi se ha triplicado desde el 2018 
  • El uso de semilla certificada de frijol ha aumentado desde el 2018, muestra de esto es el crecimiento en la venta de esa semilla por parte del Programa de Reproducción de Semillas del Consejo Nacional de Producción (CNP), que mientras en el 2018 fue de 30 995 kg, en el 2022 vendió 90 973 KG, representando un aumento de casi el 300%.

El primer semestre de este 2023 la venta aumentó en un 135% con respecto al mismo período del año pasado. La venta pasó de 20 270 kg a 60 955 kg. 

“El aumento en la venta de semilla certificada de frijol es una señal positiva de que nuestros productores están cada vez más conscientes de la importancia de utilizar semilla de calidad en sus cultivos.  Recordemos que este es uno de los factores que intervienen para lograr una mejor productividad,” manifestó el presidente ejecutivo de la Institución, Adolfo Ramírez Carballo.    

La variedad de semilla más buscada es la Cabécar, que es de color rojo y en segundo lugar la variedad Nambí de grano negro. Las regiones en que se compró más semilla fueron la Huetar Norte y la Brunca, que son las zonas de mayor producción en el país. 

El CNP comercializa actualmente semilla de 6 variedades: Brunca, Cabécar, Guaymí, Matambú, Nambí y Tayní.  

Existen múltiples ventajas asociadas al uso de semilla certificada en los procesos de siembra. Entre estas ventajas destacan el incremento en el vigor de las plantas y la mejora en el porcentaje de germinación, garantizando un mínimo del 80%. Además, la semilla certificada disminuye la incidencia de agentes patógenos, lo que contribuye a la prevención de enfermedades y garantiza un cultivo más sano. Asimismo, el productor puede tener la certeza de que el cultivo presentará todas las características deseables de la variedad seleccionada para la siembra. Estos factores en conjunto generan un aumento sustancial en la productividad y, en consecuencia, en la rentabilidad del cultivo



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