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Agricultores se quedarían sin herramientas para garantizar alimentos a la población.alt
Imagen con fines ilustrativos: imagen de archivo
  • Propuestas de prohibición de insumos agrícolas carecen de razonabilidad técnica y proporcionalidad

Una iniciativa de Ley y un decreto ejecutivo amenazan con la prohibición, sin justificación técnica, a más de 119 agroquímicos. Esta situación provocaría que miles de agricultores se quedarán sin las herramientas necesarias para garantizar la calidad y la productividad de los alimentos que llegan a las mesas de los costarricenses.

Estos insumos agrícolas son fundamentales para controlar los insectos y plagas que atacan severamente gran cantidad de cultivos entre los cuales están: papa, cebolla, repollo, brócoli, tomate, chile dulce, remolacha, zanahoria, lechuga, culantro, chayote, banano, plátano, sandía, melón, ayote, naranja, limones, frutales, arroz, plantas ornamentales y pastos.

“En total se estarían cancelando 119 registros de insecticidas de los cuales 23 son de ingrediente activo grado técnico, 8 son para formular productos de exportación, y 96 de productos formulados, que son los que compra el agricultor en los agro servicios.

Esto agrava más la situación, no solo porque el registro de productos fitosanitarios químicos sintéticos sufre de una parálisis desde hace ya muchos años, sino, porque el registro de alternativas microbiológicas y botánicas tampoco pueden registrarse en el país, esto significa ni más ni menos, que cada día dejamos al productor más desprotegido al no poder contar con las herramientas para evitar que las plagas acaben con sus cultivos”, aseguró Sigurd Vargas, abogado especialista en Derecho Agrario.

Actualmente, se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 22.790, el cual propone prohibir el uso de insecticidas de uso agrícola a base de fipronil y neonicotinoides. Además, se encuentra en consulta pública, hasta el 15 de setiembre, un proyecto de decreto ejecutivo, propuesto e impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que pretende establecer la prohibición del registro de insecticidas plaguicidas formulados a base de dimetoato, así como carbosulfán, benfuracarb y furatiocarb.

Ambas normativas perjudicarían gravemente al sector agropecuario y la economía del país, creando un precedente que en poco tiempo pondría en riesgo a los más de 500 mil empleos directos e indirectos que provee la industria agrícola, así como los alimentos de la población del país. Comunicado de prensa

“En este momento la agricultura está en una situación en extremo grave y de aprobarse el proyecto de ley y el decreto, la seguridad alimentaria estaría comprometiéndose. Necesitamos una especial atención de los sectores, y del Gobierno de la República para que escuche al sector productivo y atiendan nuestras preocupaciones, ocupándonos todos en resolver esta situación tan grave”, aseguró Freddy Solís, presidente de ASOAGRO-CR.

Este es el intento prohibicionista de mayor impacto en la competitividad de los agricultores de Costa Rica, no solo porque los agroinsumos que se pretenden prohibir son de libre venta en los países de la región y, en el caso del dimetoato por ejemplo, en otros países referentes como los Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, sino porque prácticamente no se podría continuar con la producción de gran cantidad hortalizas, legumbres frutas y granos para consumo interno y de exportación.

Para evitar la angustia e incertidumbre de los agricultores y trabajadores del sector agropecuario, se solicita a la Comisión de Asuntos Agropecuarios analizar a profundidad el proyecto de ley antes de dictaminarlo, así como la acción del Poder Ejecutivo de reconsiderar el decreto que se encuentra en consulta pública.

Los agricultores y la industria de agroquímicos son los primeros en levantar la voz y apoyar programas de monitoreo que garantice el buen uso de los productos fitosanitarios y que las buenas practicas agrícolas sean la norma y no la excepción en todas las actividades productivas.

“Solicitamos que las futuras prohibiciones sean ordenadas con base en criterios técnicos y científicos, y no que respondan a corrientes ideológicas, políticas o económicas”, puntualizó Vargas.


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