- Ente defensor pide a las autoridades del IMAS activar los procedimientos legales en pro de su recuperación
La Defensoría de los Habitantes hace un reclamo ético a las y los funcionarios públicos que aún no devuelven el “Bono Proteger”, un subsidio que surgió para mitigar los graves impactos de la Emergencia por el COVID-19 en las poblaciones más vulnerables del país.
Según información dada a conocer por las autoridades de gobierno, un total de 1.309 subsidios fueron gestionados y entregados a personas que se desempeñan en alguna institución pública, lo cual representa un monto aproximado de ¢158 millones, pese a que el decreto N°42305-MTSS-MDHIS del 17 de abril del 2020 excluyó a los funcionarios públicos como posibles beneficiarios.
El pasado 15 de junio las autoridades dieron un plazo de 30 días para que estas personas devolvieran el dinero, y según un informe emitido, el viernes 05 de agosto, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), sólo 38 funcionarios públicos reintegraron el bono proteger.
Desde que la pasada administración creó el llamado “Bono Proteger”, la Defensoría intervino en favor de las personas más afectadas por el cambio en sus condiciones laborales y/o de ingresos como consecuencia de la emergencia nacional; quienes denunciaban inconvenientes en los depósitos y faltas de resolución a las solicitudes de este subsidio.
Ante el escenario actual, la Defensoría no sólo hace un llamado al funcionariado a devolver este dinero, sino además pide a las autoridades del IMAS activar los procedimientos legales en pro de su recuperación.
Como bien ha insistido la Defensoría, una buena administración pública se caracteriza por ser eficiente, eficaz, respetuosa del ordenamiento jurídico, justa, y transparente. Asimismo, los servidores deben orientar su gestión a la satisfacción del interés público, demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley
